Espinosa volverá a declarar ante el juez por quiebra fraudulenta
La Audiencia de Valencia ha ordenado que el ex director de la Agencia de Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores y ex secretario general de la CEV Luis Espinosa Hernández vuelva a someterse a las preguntas del letrado representante de los 30 trabajadores de Robima, SA. Dichos trabajadores se quedaron en la calle en 1989 después de que algunos de los responsables de la empresa, entre los que se encontraba Espinosa, cometieran un delito de quiebra fraudulenta y cerraran la empresa.
El pasado día 16 de noviembre el juicio por el cierre fraudulento de dicha empresa tuvo que suspenderse a petición de las defensas de los responsables de Robima, SA que estimaban que ya habían sido juzgados y condenados por el mismo delito con anterioridad. Por su parte, la defensa de Luis Espinosa, apoderado de la empresa en el momento de los hechos, alegó la indefensión de su cliente que aseguraba desconocer los motivos por los que se le había imputado en la causa.
La Audiencia ha dado la razón a los responsables de la empresa, condenados ya por estos hechos en 1994 y por lo tanto da por cerrada la causa en lo que respecta a ellos. En el caso de Luis Espinosa el auto de la Audiencia considera que en las declaraciones durante la fase de instrucción se limitó a contestar que 'no había participado en la quiebra de la mercantil Robima de ninguna de las maneras' y que por lo tanto no tenía nada que decir. Según el auto, la acusación tiene derecho a 'exponer con precisión los hechos que le atribuye' a Espinosa, y a continuación a 'recibir declaración de dicho imputado'. El auto puede ser recurrido por la partes y por el momento se desconoce si el ministerio fiscal o la abogacía del Estado decidirán también acogerse al mismo y pedir la comparecencia de Espinosa.
Reconocimiento de deuda
Según la calificación que el fiscal hizo en su momento, en noviembre de 1989 Luis Espinosa realizó en nombre de Robima, SA una escritura de reconocimiento de deuda ante notario por más de 42 millones de pesetas en favor de Julio G. y Enrique G., dos personas que un día antes habían dimitido como miembros del consejo de administración de dicha empresa. La fiscal afirmó que dicha deuda ni se correspondía con la realidad ni aparecía reflejada en los balances, 'ni era exigible, líquida y vencida, y cuya finalidad fue la adjudicación mencionada, en perjuicio del resto de los acreedores legítimos de la empresa, puesto que el 23 de noviembre de 1989, Robima cesó en el pago corriente de sus obligaciones'. Según la fiscal, 'con la maniobra descrita, los acusados colocaron voluntariamente a la empresa en una situación de insolvencia, con la finalidad de dejar vacío su patrimonio y defraudando a sus acreedores'. La acusación particular pide siete años de prisión por estos hechos. Espinosa además sigue imputado en el caso de una presunta malversación de fondos de formación ocupacional, concedidos entre 1993 y 1995, a la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), de la que fue secretario general.
