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Tribuna:

Una cultura de vecindad

Cuando hoy iniciemos en Sintra la 17ª cumbre bilateral entre España y Portugal, reeditaremos un ejercicio que, más allá del simbolismo, tiene un evidente sentido práctico. Hace mucho tiempo que este tipo de encuentros sobrepasaron el dominio de la retórica y se constituyeron en un impulso político para la evaluación regular de los entendimientos que, en varias áreas sectoriales, aproximan a los dos países.

Después del periodo de ruptura democrática que fue común en ambos casos hace un cuarto de siglo, la entrada conjunta en las instituciones europeas, en 1986, estableció un discurrir paralelo que acabó por tener un impacto profundo en el propio patrón de las relaciones bilaterales.

Tratándose de países que vivieron bajo la intensidad de un denso pasado conjunto, es perfectamente natural que la emergencia de problemas de coyuntura refuerce, casi siempre, la tendencia a abordarlos en ese mismo escenario de fondo. La entrada común en Europa constituyó, así, un factor de desdramatización bilateral y un nuevo terreno para la regulación de esos mismos problemas. El diálogo emprendido y la creciente identificación de intereses comunes en el plano europeo amplió el espacio de entendimiento y creó un campo de relación política de un tipo distinto.

La lógica que hoy predomina señala la dimensión económica como un elemento central de esta nueva etapa. El éxito fulgurante de España en el mercado portugués consagra una economía pujante hacia un país deliberadamente abierto como es el Portugal de hoy. Una apertura que, hay que reconocer, no es a veces correspondida por alguna cultura administrativa cuya rigidez dificulta la explotación de todas las potencialidades del mercado peninsular, que sólo puede crecer si se consagra en ambas direcciones.

Todos tenemos que entender que, independientemente del peso relativo de los dos países, hay equilibrios que deben ser preservados y la articulación de intereses económicos debe cumplir las reglas básicas del mercado interior europeo. El diálogo político en este ámbito entre Madrid y Lisboa continúa siendo, de esta forma, de la mayor importancia para la gestión prudente de esos mismo equilibrios. Los frutos están a la vista.

Al margen de los aspectos económicos, que tienen reflejos constantes en la globalidad de las relaciones bilaterales, es necesario subrayar que los últimos años han venido a consagrar un amplio espacio para la creación de muchos otros complementos. El área de las infraestructuras es, afortunadamente, el más evidente, pero, si observamos bien, difícilmente podremos encontrar alguna otra área sectorial en que no haya habido o no estén en periodo de planeamiento medidas reguladoras de naturaleza común.

El tejido normativo bilateral que entretanto fue creado -y es importante desterrar la idea de que el saldo de estas cumbres depende de una mera contabilidad de los nuevos acuerdos- posee hoy mecanismos regulares de diálogo para consultas mutuas y para la puesta en común de posiciones, que superan el mero tratamiento caso a caso, como era la norma en el pasado. En este aspecto, vale la pena recordar el modo sereno y responsable en que los dos países supieron evolucionar en el tratamiento de las cuestiones sobre los ríos peninsulares.

Algunos se preguntan hoy si esta evidente pacificación de las relaciones bilaterales llegó a ser afectada por una aparente contraposición de posiciones dentro de la Unión Europea, en el cuadro de una discusión que terminó en Niza. En este sentido, hay algunas consideraciones que es preciso realizar y algunos equívocos por aclarar.

España y Portugal comparten hoy un vasto terreno de intereses comunes en el ámbito europeo. A título de ejemplo, y más allá de la política de cohesión económica y social y del empeño de un nuevo tratamiento europeo sobre las cuestiones de la llamada ultraperiferia (que afecta a las Azores, las Canarias y Madeira), existe una coincidencia objetiva de intereses en múltiples campos de las relaciones externas. La política mediterránea y las relaciones con América Latina son sólo algunas demostraciones obvias.

Hay que añadir que el patrón medio de intereses que hoy es representado en el proceso legislativo y presupuestario en Bruselas no refleja, muchas veces, los intereses específicos de ambos países, lo que nos obliga frecuentemente a una política bilateral de alianzas en diversos ámbitos. No obstante, y ante el diferente grado de desarrollo de ambos países, es obvio que el carácter dualista del desarrollo español proporciona todavía un amplio terreno para que esta conjunción de intereses se mantenga en el futuro.

Y en contexto es donde debemos situar la cuestión institucional dentro en la Unión Europea que se discutió en Niza. Aunque el problema haya quedado definitivamente resuelto, creemos de interés explicar aquí de forma expresa la perspectiva portuguesa sobre el asunto para que no quede ninguna duda en lo que respecta a España.

España es un país de considerable dimensión en el seno europeo y tuvo siempre como legítimo objetivo el consagrar ese estatuto en el plano de las instituciones comunitarias. Para Portugal, una España fuerte y capaz de representar correctamente sus intereses constituye un escenario deseable, especialmente, como más atrás comentamos, porque muchos de esos mismos intereses se cruzan frecuentemente con los nuestros en el funcionamiento de la Unión.

Para nosotros, el 'caso español' tenía que ver con la posible compensación del poder de España en el cuadro europeo, a cambio de la pérdida de su segundo comisario, lo que podría ir en fuerte detrimento de los intereses de los Estados de dimensión media, como era el caso de Portugal.

A eso se sumaba un tema, que estuvo presente en las largas discusiones de Niza y que tenía relación con la necesidad de la preservación de ciertos equilibrios de naturaleza geopolítica que existen en el espacio europeo. Éste era un asunto que, como es sabido, superaba la dimensión de las relaciones peninsulares, pero también estas relaciones no podían quedar al margen. Como vino a ocurrir.

El resultado de este debate, que tuvo en cuenta todos estos equilibrios, acabó por ser el Tratado de Niza. Su negociación pasó por una discusión franca sobre lo que puntualmente dividía a varios países, sin olvidar la importancia de aquello que, en lo esencial, los unía. Por parte portuguesa, no vemos ningún problema o reticencia en el compromiso obtenido, que saludamos como positivo para todos.

De todas formas, para nosotros, Niza fue ayer. Importa ahora mirar hacia el futuro e intentar entender cómo vamos a extraer de las sumas del peso relativo de España y de Portugal en la Unión los beneficios para una preservación de los intereses que nos son comunes. Sólo así será posible seguir alimentando esta saludable cultura de vecindad que es el secreto de la concordia de los pueblos peninsulares.

Francisco Seixas da Costa es secretario de Estado portugués para los Asuntos Europeos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 29 de enero de 2001