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EL FUTURO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Europa revisa los sistemas de pensiones

Las reformas de los sistemas de pensiones que preparan los gobiernos comunitarios no cuestionan el modelo europeo de protección social. Su principal objetivo es retrasar la edad de jubilación, por el impacto positivo que ello tendrá en el futuro gasto en pensiones. Aunque la edad legal de jubilación en Europa está fijada en 65 años, la real está entre los 60 y los 62 años, según los distintos países.

Francia tiene la edad más baja de la Unión Europea para retirarse con el 100% de la pensión: 60 años, a condición de haber cotizado al menos 40 (o 37,5 en el caso de los funcionarios). Y éste es el caballo de batalla que originó las grandes manifestaciones del jueves pasado en defensa de que el sistema se mantenga como está. Además del régimen general, existen varios sistemas complementarios. Los funcionarios tienen los suyos particulares y los trabajadores del sector privado cotizan durante su vida laboral a la Asociación para la Estructura Financiera (ASF), que paga las pensiones complementarias a los que se jubilan entre 60 y 65 años. La financiación de esa parte complementaria corre parcialmente a cargo de las empresas, que, además, gestionan los descuentos a sus trabajadores destinados a ese fondo de pensiones.

El conflicto se ha producido cuando la Medef, que es la patronal más importante, se ha negado a seguir participando en el sistema. Su propuesta es la contraria: alargar de 40 a 45 años el tiempo de cotización necesario para tener derecho al 100% de la pensión. Los sindicatos se oponen frontalmente y también se manifestaba ayer en contra el primer ministro Lionel Jospin. En este país no existen los fondos de pensiones privados de los países anglosajones, implantados también en España.

El sistema francés no sólo facilita la retirada de la vida activa a una edad más temprana que en otros países europeos, sino que permite gran número de ayudas. Por ejemplo, se puede 'comprar' el tiempo de cotización que falte a una persona para retirarse con el 100% de la pensión, y las mujeres con hijos tienen derecho a que se les compute como tiempo cotizado en función de su número de descendientes, y tres hijos equivalen a nueve años de cotización para una mujer.

El retraso de la edad real de jubilación también es un objetivo de la reforma que se prepara en Alemania. La advertencia formulada por la oposición democristiana el pasado viernes en el debate sobre la reforma del sistema de pensiones, tenía mucho de populista y algo de cierta: 'Ustedes quieren que la gente acabe trabajando hasta los 70 años', recriminó un parlamentario conservador a los gobernantes socialdemócratas y verdes poco antes de que éstos se valieran de su mayoría en el Bundestag, la Cámara baja del Parlamento, para aprobar el proyecto de ley. La razón: establece como tope a las cotizaciones el 22% de los salarios brutos de aquí hasta 2030 y fija en el 67% del último salario neto el monto mínimo de las pensiones a pagar a aquellos empleados que hayan cotizado durante 45 años.

En el muy probable caso de que las actuales previsiones demográficas tengan que ser revisadas durante los próximos 30 años, una de las pocas soluciones para estabilizar el sistema será extender el ciclo de vida laboral. Sobre el papel, los empleados alemanes se jubilan hoy día a los 65 años. En realidad, múltiples posibilidades de retiro anticipado han conducido a que, como media, los alemanes dejen de trabajar a los 60,1 años.

A partir de ahora, sin embargo, existirá también otra fórmula para evitar que el sistema entre en crisis: incrementar las aportaciones a planes de pensiones privados. El proyecto de ley, que aún tendrá que ser aprobado por la Cámara alta del Parlamento, donde la oposición cuenta con la mayoría, prevé que los empleados reciban sustanciales ayudas públicas si paulatinamente incrementan voluntariamente hasta el 4% de sus salarios brutos las aportaciones privadas. En 2008, el Estado contribuirá a estos planes con cerca de 20.000 millones de marcos anuales, 1,7 billones de pesetas.El Reino Unido va a aplicar un cambio inmediato. La pensión básica estatal será de 72,5 libras semanales (unas 20.000 pesetas) a partir de abril y de 100 libras (27.000 pesetas) en 2003. Además, un jubilado británico tiene derecho a una pensión adicional, las llamadas SERPS (State earnings-related pension), que se calcula en función del sueldo y en ningún caso puede exceder el 20% de los ingresos medios.

La edad de jubilación se fija actualmente en 65 años para los varones y 60 para las mujeres, pero se equipará en los 65 años a partir de 2010. En ese año, los jubilados deberán haber cotizado 44 años para acceder al monto total de la pensión básica. Hasta entonces, las mujeres deben cotizar 39 años. La pensión sólo se ofrece a los mayores de 60 años y el Gobierno promociona la actividad laboral hasta al menos los 55 años. En esta línea, ha anunciado la retirada de incentivos fiscales que se conceden hoy al cumplir los 50, porque, señala el Ministerio de Seguridad Social, los 2,8 millones de personas que no trabajan a partir de los 50 suponen una carga de 16.000 millones de libras en productividad perdida.

La situación en Italia, en vísperas de la campaña para las elecciones generales de abril próximo, es demasiado delicada como para que este tema se aborde. El coste de las pensiones en este país, que el año pasado se ha calculado en el 12,6% del PIB, ascenderá al 21% en 2040, según datos del Gobierno. El caos que reinaba en Italia en el capítulo de pensiones fue parcialmente atajado en 1995, durante el breve intervalo del Gobierno dirigido por Lamberto Dini.

Las pensiones de vejez, que hasta diciembre de 1996 se alcanzaban a los 62 años en el caso de los hombres y a los 57 en el de las mujeres, con 17 años de contribución a la Seguridad Social, se modificaron gradualmente de forma que a partir de enero de este año se exige ya haber cumplido los 65 años (60 en el caso de las mujeres) y un mínimo de 20 años de contribuciones para cobrar una pensión.

El capítulo más gravoso para la previsión pública era, no obstante, y es, el de las llamadas 'pensiones de ancianidad', que en realidad son todo lo contrario, pues representan la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada para todos aquellos que están aún lejos de la edad obligatoria. La ley Dini impuso también en este capítulo un endurecimiento de los requisitos que hasta 1998 permitían a una persona de 54 años con 35 años de actividad jubilarse. Cuando los efectos de la ley, que ha sido acelerada por un decreto de 1997, se hagan efectivos completamente, es decir, en 2008, se necesitará haber cumplido los 57 años (35 de contribución a la Seguridad Social) o haber trabajado 40 años con independencia de la edad de jubilación anticipada. Aun así, de esta aceleración han quedado excluidos numerosos grupos de trabajadores, entre ellos los funcionarios y diversos sectores de empleados privados sujetos a convenios diferentes.

En Holanda, el sistema de pensiones empieza a ser objeto de discusión por primera vez en décadas. Nacido en uno de los mejores momentos del Estado de bienestar, se apoya en dos pilares básicos. El llamado AOW es una cantidad equivalente al salario mínimo interprofesional (unas 125.000 pesetas) que todo holandés recibe al cumplir los 65 años, aunque no haya realizado trabajo alguno remunerado. El Vut permite adelantar la fecha de jubilación y se percibe un porcentaje del último salario. Por ejemplo, quien decide marcharse a los 58 años (edad mínima permitida para el retiro) cobra un 45% de su salario y quien deja de trabajar a los 61 cobra el 75%.

Esta información ha sido elaborada por Joaquín Prieto, Lola Galán, Lourdes Gómez, Ciro Krauthausen y Sonia Robla.

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