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El Gobierno puede impedir por ley la entrada de compañías públicas extranjeras en el sector energético

El Gobierno aprobó en diciembre de 1999, en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de 2000, una disposición adicional (la vigésima séptima) que corta el paso a cualquier empresa pública o con participación estatal extranjera en el mercado energético español si así lo decide el Ejecutivo. En la norma,el Gobierno se reserva una amplia facultad para autorizar, rechazar o imponer condiciones a determinadas operaciones.

La disposición afirma: 'Las entidades o personas de naturaleza pública y las entidades de cualquier naturaleza, participadas mayoritariamente o controladas en cualquier forma por entidades o administraciones públicas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, que directa o indirectamente tomen el control o adquieran participaciones significativas [3%] de sociedades de ámbito estatal que realicen actividades en los mercados energéticos no podrán ejercer los derechos políticos correspondientes a dichas participaciones'.

La disposición recoge además la conveniencia de que se informe a la Administración española de cualquier compra, que será examinada por el ministerio correspondiente y por la Comisión de la Energía. Tras el examen de la operación, 'el Consejo de Ministros podrá resolver reconociendo o no el ejercicio de derechos políticos correspondientes, o sometiendo el ejercicio de los mismos a determinadas condiciones en atención, entre otros, a los principios de objetividad, reciprocidad, transparencia, equilibrio y buen funcionamiento de los mercados y sistemas energéticos'.

La especial atención del Ejecutivo a un sector económico estratégico como es el energético pasará una prueba de fuego en las próximas semanas, cuando el Gobierno decida si aprueba, rechaza o condiciona la gran fusión de Endesa e Iberdrola.

Ayer, en declaraciones a RNE, el presidente de Endesa, Rodolfo Martín Villa, reiteró su confianza en la viabilidad de la operación con Iberdrola. Martín Villa cuestionó el informe que ha elevado al Gobierno el Tribunal de la Competencia y que, entre otras cosas, recomienda limitar la capacidad de generación de la nueva empresa al 35% y fijar seis meses para que venda activos.

En este sentido, Martín Villa señaló que en esas condiciones el proyecto de fusión sería 'inviable'. 'Tendríamos que vender, una a una, 100 centrales en 120 días', dijo. No obstante, se mostró confiado en alcanzar un punto de equilibrio, aunque 'todos', dijo, 'nos dejaremos pelos en la gatera'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 27 de enero de 2001