La justicia ordinaria se declara incompetente en el 'caso Djalminha'

Una vez más, los abogados del Deportivo han fracasado en su intento de judicializar un conflicto con los organismos futbolísticos. El auto emitido por la juez María Antonia Rey da carpetazo -al menos provisionalmente, porque aún cabe el recurso por la vía contencioso-administrativa- a un episodio con todos los aires de un sainete.

Djalminha, asesorado por los servicios jurídicos del propio club, denunció al Deportivo y a la Federación Española alegando que la sanción disciplinaria que se le impuso le impedía desempeñar su trabajo y, por lo tanto, no iba a poder cobrar mientras estuviese castigado. Curiosamente, el presidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro, ha sostenido en los últimos días que ni su jugador ni sus abogados le informaron de la presentación de esta iniciativa judicial.

El Comité de Competición sancionó a Djalminha con un partido por un altercado que mantuvo con su compañero Víctor, camino de los vestuarios, al término del encuentro del pasado día 13, en Riazor, con el Valencia.

El Deportivo alegó que el incidente, al producirse fuera del campo, era una cuestión interna del club que no concernía al régimen disciplinario de la competición, argumentos que fueron rechazados por el Comité Español de Disciplina Deportiva.

A partir de entonces -y de ser cierta la novelesca versión del Deportivo-, Djalminha, por su cuenta y riesgo, habría recurrido al bufete de los abogados coruñeses Rodríguez Conchado, casualmente el mismo que lleva desde hace años los servicios jurídicos del club. Personas de tamaña confianza, que no habrían informado a Lendoiro de nada, denunciaron el día 19 a la propia entidad gallega y a la Federación ante el Juzgado de lo Social para pedir que se levantase el castigo al brasileño.

Una vez que se descubrió lo que se traían entre mano el futbolista y sus letrados, el Athletic amenazó con pedir el aplazamiento de su partido de hoy contra el Deportivo en San Mamés si no se retiraba la demanda y la Federación recordó que la FIFA prohíbe a sus asociados dirimir ante la justicia ordinaria cuestiones de índole deportiva.

El club gallego anunció entonces que había ordenado al jugador que desistiese de su empeño. Pero Djalminha decidió continuar con el pulso, tal vez atacado de un irrefrenable deseo de justicia que disimulaba muy bien ante los periodistas, a los que respondía encogiéndose de hombros cada vez que le preguntaban por el asunto.

El pasado jueves, el entrenador, Javier Irureta, ya anunció que no convocaría a Djalminha para Bilbao pasara lo que pasara en el juzgado. Y en el juzgado pasó ayer lo que se venía anunciando desde hace días: la magistrada se declaró incompetente.

La denuncia de Djalminha es un jalón más en la estridente carrera del equipo de asesores jurídicos del Deportivo, encabezado por Germán Rodríguez Conchado, un íntimo amigo de Lendoiro que cultiva desde antiguo -sin desánimo por unos resultados manifiestamente mejorables- el bello arte de la argucia jurídica.

Enredos de toda clase

Bajo la asesoría de Rodríguez Conchado, el club gallego se ha metido en enredos leguleyos de toda clase: desde el intento de anular la Liga 1993-1994 -la perdió en el último minuto por un penalti fallado por Djukic contra el Valencia- con el pretexto de que la Federación había obligado a disputar la jornada final en sábado hasta el recurso a la justicia ordinaria, en 1997, contra la clausura de Riazor, que tuvo que ser retirado ante la amenaza de sanciones por parte de la FIFA.

Pese a la escasa comprensión de los jueces hacia las ingeniosas argumentaciones de Rodríguez Conchado y a los disgustos causados al Deportivo por su atrabiliario carácter -ha amenazado en público a peñistas y a periodistas díscolos-, Lendoiro nunca ha perdido la confianza en él.

En el caso Djalminha, los argumentos de Rodríguez Conchado han vuelto a estar a la altura de su fama. Alegaron que al jugador no sólo se le estaba impidiendo desempeñar su actividad laboral, sino que daban por hecho que no cobraría mientras durase la sanción, ya que 'es un principio general que nadie puede cobrar sin prestar su trabajo'.

De nuevo la versión oficial supera a la más insidiosa de las interpretaciones, ya que, de ser cierto lo que dicen los abogados, habría que concluir que el Deportivo tampoco paga a los suplentes.