Zaplana rechaza que la 'sentencia de los funcionarios' afecte al Consell

Eduardo Zaplana y Joaquim Puig presentaron ayer las dos caras de una misma sentencia. El presidente de la Generalitat comentó en Castellón que el fallo de la Audiencia Nacional que anula la congelación de los salarios de los funcionarios del Estado en 1997 'no afecta a la Comunidad Valenciana para nada'. El portavoz socialista, sin embargo, instó al Consell a extender 'de oficio' la sentencia a los empleados públicos de la Generalitat, cuyos salarios también fueron congelados ese año.

'Yo no conozco ninguna resolución sobre los presupuestos de la Generalitat', declaró Zaplana para esquivar la cuestión.Sobre el conflicto en torno a la sentencia de los funcionarios mantuvo el mismo tono: 'Ya lo resolverán las administraciones implicadas'. Pero asumió la tesis del Gobierno cuando comentó: 'Hay que ver si una sentencia puede ir en contra de una ley votada por la soberanía popular de los españoles a través del Parlamento'.

Puig, sin embargo, recordó que el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos que establecía que los salarios crecerían a la par que el IPC, pacto que invoca la sentencia, establece el 'deseo de las partes firmantes' de que 'inspire los que puedan concertarse' en las comunidades autónomas y corporaciones locales. Un deseo que fue satisfecho en febrero de 1995 con un acuerdo entre la Generalitat y los representantes de los funcionarios. El portavoz, socialista presentó una proposición de no de ley que insta al Consell a extender la sentencia a todos los empleados públicos a su servicio y a convocar la mesa general de la Función Pública para negociar las subidas salariales correspondientes.

La Federación de Enseñanza de CCOO del País Valencià también instó al Consell a que 'haga un ejercicio de responsabilidad y atienda en breve a la ejecución de la sentencia' en la Comunidad Valenciana.

Mientras que el STEPV denunció la contradicción en que incurre Zaplana cuando acata las directrices sobre congelación salarial que dicta el Gobierno para luego, con sus declaraciones, pretender 'exculpar a la Generalitat de sus propios compromisos'.