El Gobierno recurrirá la sentencia sobre los funcionarios porque quita poder a las Cortes

Una de las primeras decisiones del Gobierno popular, en julio de 1996, fue congelar los sueldos de los funcionarios para reducir el déficit público. Esa medida suponía el incumplimiento de un acuerdo de 1994 suscrito entre el Gobierno socialista y los sindicatos que se aprobó en Consejo de Ministros y publicó en el BOE. La federación estatal de Enseñanza de CC OO recurrió la congelación salarial en 1996 y, cinco años después, la Audiencia Nacional le ha dado la razón.

El Gobierno anunció ayer que recurrirá la sentencia, pese a que todos los expertos jurídicos consultados por este periódico consideran que dicho recurso es imposible por tratarse de un fallo sobre una cuestión de personal. Tan sólo cabe un recurso en interés de ley, según fuentes de la Audiencia Nacional, pero no tendría efectos retroactivos sobre la sentencia que anula la congelación de salarios.

El PP reclamó ayuda al PSOE para ir unidos 'en la defensa del actual modelo de Estado, que pasa por defender las competencias del Congreso y del Senado'. El PSOE replicó que el Ejecutivo debe acatar la sentencia y negociar su aplicación con los sindicatos.

Comisiones Obreras calcula que un funcionario con ingresos anuales de 1,5 millones de pesetas debería cobrar, en aplicación de la sentencia, 203.000 pesetas adicionales, mientras que los que ganen cinco millones percibirían 677.000.