El fiscal investiga la descapitalización de AGT con 148 talones injustificados

La fiscalía ha tenido conocimiento, a través del juzgado que decretó la suspensión de pagos de la constructora AGT, de que la contabilidad de la empresa registraba pagos con talones bancarios injustificados por valor de 148 millones de pesetas y por otros 207 millones en certificaciones y préstamos que los administradores judiciales de la sociedad consideraron irregulares. En total, 355 millones que supuestamente descapitalizaron la sociedad. Algunos de estos talones fueron cobrados en efectivo por Luis García Sáez, ex administrador de AGT y ex diputado del PSC.

Los nuevos administradores de AGT -encabezados por el empresario Joan Pujol- van de sorpresa en sorpresa. La sociedad, que presentó suspensión de pagos el 23 de septiembre de 1999, había pagado 148 millones de pesetas con talones bancarios injustificados y sin reflejo en la contabilidad. Los pagos se realizaron mediante adeudos en cuentas de AGT de las entidades Caixa Girona, Bancaja, Atlántico, Banco Luso Español, Caixa Tarragona y Caixa de Catalunya.

El Juzgado de Primera Instancia número 49, que administra la sociedad, conoce la existencia de estos pagos, así como la fiscalía. Además de los talones injustificados, la caja de AGT pagó a la empresa Iniciativas e Infraestructuras certificaciones por valor de 130 millones cuando la sociedad aparecía en el Registro Mercantil como liquidada desde hacía tres años.

Por otra parte, los administradores actuales de AGT Construccions i Obres han formulado denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona contra arquitectos y responsables del Patronato Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona por los supuestos delitos de falsedad en documento público y estafa, por unas obras que AGT ejecutó en Santa Coloma de Gramenet.

El patronato acordó ejecutar el aval bancario de la obra por existir en ella desperfectos valorados en 80 millones. La resolución de ejecución del aval fue objeto de procedimiento contencioso administrativo, pero los nuevos propietarios denuncian que el certificado firmado por los arquitectos municipales que evalúa los desperfectos (inicialmente 53 millones) tiene la misma fecha que la admisión de la suspensión de pagos de AGT (29 de septiembre de 1999), cuando los mismos arquitectos habían firmado el 15 de septiembre la recepción de la obra. El patronato declinó comentar los hechos denunciados por la nueva administración de AGT.