El PSOE y CC OO exigen al Gobierno que explique cómo piensa pagar a los funcionarios

El grupo socialista exigió ayer al Gobierno que explique cómo piensa pagar el porcentaje salarial que los empleados públicos han estado perdiendo todos estos años como consencuencia de la congelación salarial. No obstante, el PSOE reconoce que será un proceso complejo, ya que esta suma, que cifra entre 400.000 y 500.000 millones de pesetas, resulta 'carísima' y por tanto es dificil reestablecerla en un solo ejercicio presupuestario. 'No le vamos a exigir que ponga en quiebra la estabilidad presupuestaria', aseguró Ángel Martínez Sanjuán, portavoz parlamentario del PSOE en la comisión de Administraciones Públicas.

Para este diputado, la decisión del Gobierno de congelar los salarios fue una 'cacicada de Mariano Rajoy [entonces, ministro de Administraciones Públicas] y de Rodrigo Rato [de Economía]'. Martínez Sanjuán celebra el fallo de la Audiencia Nacional porque 'da la razón a los trabajadores, reconoce las demandas socialistas y reestablece el Estado de derecho'.

Para el sindicato CC OO, el fallo le da la razón legal, y 'no sólo reconoce como fraude la actitud del Gobierno, sino que repone en sus derechos a los dos millones de empleados públicos', e insta al Ejecutivo a cumplir la sentencia 'a la mayor brevedad posible'. La central, que presentó el recurso a través de su federación de enseñanza, representada por la abogada Carmen Perona, recuerda al Gobierno su obligación de negociar para reponer el dinero retenido desde 1997 y considera que el texto es de una importancia 'capital'.

Además de Comisiones, la Federación de Servicios Públicos de UGT presentó también recurso contra esta congelación salarial, pero no prosperó. UGT valoró ayer 'muy positivamente' el fallo de la Audiencia.

Fuerza vinculante

La sentencia dice que la ley 'atribuye fuerza vinculante a los Pactos y Acuerdos válidamente adoptados en la negociación colectiva, que han de ser cumplidos por las partes en la negociación'. En este caso, la Administración del Estado queda vinculada por el acuerdo, que es calificado 'de convenio entre empleador y empleados', y que establece 'la vinculación y obligatoriedad' en su aplicación.

Ése es el principal argumento del fallo subrayado ayer por el catedrático de Derecho del Trabajo Juan Antonio Sagardoy, quien asegura que 'los convenios colectivos, según dice el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 82, obligan a todos los empresarios y a los trabajadores'. También tiene apoyo 'en la Constitución, en su artículo 37, la primacia del convenio sobre un acto del Gobierno'.