Los inmigrantes que han denunciado en Gandia a un empresario temen represalias

Quince de los veinte inmigrantes que trabajaban en una urbanización de Pedreguer decidieron acudir a una asociación de solidaridad y a la CGT en Gandia cuando el empresario rehusó pagarles el salario convenido. Llegaron incluso a hacer dos huelgas y paralizar la obra. Tras 13 días de duro trabajo tan sólo había percibido 20.000 pesetas. Ahora temen posibles represalias del empresario. 'En mí país (Colombia) si te amenazan tienes una hora para abandonar lo que tengas y huir. Si no, estás muerto', señala Julio.

Cuando Julio llegó a España el pasado 6 de noviembre, procedente de la ciudad de Cali Valle (Colombia), se sintió un hombre afortunado. Acudía a Gandia tras los pasos de su compañera sentimental y la hija de ambos, de 13 años, que se habían instalado en la ciudad unos meses antes. Una semana tardó Julio en encontrar su primer empleo en la construcción. Todo un lujo, ya que lo habitual entre el colectivo de inmigrantes es esperar una media de uno o dos meses. Tan sólo tuvo que responder a uno de los anuncios que habitualmente cuelgan en un locutorio de la ciudad, dirigido por y para inmigrantes. Un contratista intermediario le ofreció la oportunidad de trabajar como peón en una urbanización de nueva construcción en Pedreguer (La Marina Alta). El pacto era 800 pesetas la hora, y el compromiso de que obtendría un permiso de trabajo. Julio alquiló un piso con su pareja y su hija en Gandia y festejó su nueva suerte.

Julio conoció a Pablo, natural de Quito (Ecuador) y de 27 años de edad, en la obra, donde trabajaban con otros 18 compatriotas, ecuatorianos y colombianos. Ambos prefieren ocultar su verdadera identidad, por lo que los nombres utilizados en este reportaje son ficticios. Pablo había conseguido reunir las 160.000 pesetas del billete y el dinero suficiente para presentar en el aeropuerto 'y que se crean que vienes de turista'. En junio de 1999 llegó a España. Julio y Pablo son dos de los quince inmigrantes que el pasado 19 de diciembre presentaron cargos contra un empresario de Denia, G.S.M, y el contratista E.A.F., por 'explotación laboral' y por el impago de unos dos millones de pesetas. G.S.M. gestionaba cuatro obras en La Marina Alta, y disponía de un piso en Dénia en el que alojaba a 14 inmigrantes sin papeles, procedentes de Madrid y otras localidades, previo pago de 70.000 pesetas en concepto de alquiler y manutención, según los denunciantes. La jornada laboral era de una media de nueve horas, de lunes a sábado.

En la comarca de La Safor viven en la actualidad cerca de un millar de inmigrantes, según datos de la Asociación Papers per a Totes i Tots. La cifra es aproximativa, ya que es muy difícil controlar el número de sin papeles que residen en la zona. Según el Centro de Información al Inmigrante de CC OO, en la Comunidad Valenciana hay unos 10.000 extranjeros extracomunitarios, 5.000 de ellos afincados en la provincia de Valencia, el 60% sin regularizar. La mayoría proceden de los países del Este y Latinoamérica, y son captados para trabajar en la construcción, la recogida de naranja y, en el caso de las mujeres, en el servicio doméstico. Desde el accidente de Lorca (Murcia), el pasado 13 de enero, en el que 12 ecuatorianos murieron tras ser arrollada la furgoneta en la que viajaban por un tren en un paso a nivel sin barreras, 'los agricultores han dejado de ofrecernos trabajo', lamenta Pablo.

Para estos trabajadores, la solución a su situación es el clamor de todo el colectivo de inmigrantes residentes de España: 'la agilización por parte de la Administración de los permisos de trabajo'. 'Hay muchos empresarios que nos han ofrecido contratos, pero no nos emplean porque el gobierno no facilita los papeles', argumenta Julio. La propuesta del gobierno del PP de ofrecer a los indocumentados un contrato de trabajo en España con la condición de que regresen a su país para hacerse con un visado es, para Pablo, 'inaudita y una trampa'.

Mañana lunes, la asociación Papers per a Totes i Tots y la CGT han convocado una concentración ante al Ayuntamiento de Gandia para denunciar 'la explotación laboral' de los trabajadores extracomunitarios residentes en La Safor.