Crisis para una estrategia

Al anunciar el nombramiento de Artur Mas como conseller en cap, Pujol ha desencadenado una crisis de efectos imprevisibles. Es probable que la situación se le haya ido algo de las manos al publicar EL PAÍS la noticia antes de lo que preveía el presidente de la Generalitat. Es posible también que, por el contrario, el hecho de conocerse con antelación -con Duran Lleida en México, Joan Rigol en California y Maragall en Chile- fuera algo perfectamente planificado. Pujol es un viejo zorro de la política, con probada capacidad estratégica y cualquiera de estos supuestos -u otros imaginables- puede ser el real.

Sin embargo, si bien el origen de la crisis se ignora, los motivos parecen ser más claros: favorecer la candidatura de Mas como su sucesor natural, rectificar la política convergente de los últimos años y poner entre la espada y la pared a Unió Democràtica.

Lo primero es necesario, sobre todo si dentro de unos meses Pujol opta por disolver el Parlament tras el posible desacuerdo con el PP por el nuevo sistema de financiación autonómica. Ello sucedería, más o menos, dentro de un año, tiempo necesario para que Artur Mas -hombre con mucha más capacidad política de la que le otorga, en estos momentos, la oposición socialista- se diera a conocer entre los ciudadanos. Pero también es conveniente que sea así en el caso de que, como es probable, Pujol logre agotar la legislatura y las elecciones se celebren a finales del 2003. Con este tiempo por delante, Mas estaría ya consolidado. En definitiva, no es una fórmula sucesoria muy distinta de la que utilizó Maragall para dar a conocer a Clos.

En segundo lugar, hay síntomas de que Pujol, finalmente, quiere rectificar la política convergente, que tuvo su apoteosis en la nueva Ley de Política Lingüística y la Declaración de Barcelona, con Arzalluz saliendo en la foto. Esta política le distanció de sectores empresariales y profesionales tradicionalmente convergentes que, primero, tuvieron un transgresor acercamiento a Maragall antes de las autonómicas y luego, tras la victoria de Aznar en las generales, se inclinaron ya directamente por el PP. Es sabido que una de las funciones de Convergència en los últimos 20 años ha sido hacer de grupo de presión en Madrid en representación de los intereses empresariales más diversos (e incluso de empresarios de más allá de Cataluña). Este papel se había desdibujado mucho en los últimos tiempos: si se podía ir directamente al PP, es decir a la Administración del Estado, se ahorraba uno pasar por la ventanilla de Convergència. La capacidad de influencia de Pujol en este mundo había disminuido mucho en los últimos meses, y ello se notó en los votos convergentes.

Pues bien, Francesc Homs como consejero de Economía es el hombre más indicado para restablecer estos contactos. Él ha sido, bajo la experta batuta de Miquel Roca, el mayor lobbysta de Convergència en Madrid y se conoce al dedillo los entresijos del oficio. Todo ello, junto a una vuelta a un nacionalismo templado, que ya se ha hecho visible en la actitud de Pujol ante la crisis vasca, devolvería al presidente de la Generalitat al centro del campo político catalán, allí donde obtiene más votos y que, en la pasada tanda de elecciones, le había fallado.

El tercer objetivo parece ser someter o marginar a Unió Democràtica. El partido de Duran Lleida está, sin duda, pasando por su peor momento. Es dudosa su identidad porque el referente democristiano ya no es lo que era; tras su último congreso mantiene una ideología nacionalista tan radical como Convergència a pesar de los esfuerzos de Duran por distanciarse de la misma y, sobre todo, el aroma de corrupción es cada vez más fuerte y visible. Tras las evidencias que ha puesto de relieve el caso Pallerols -en el que han tenido una contribución determinante el modesto Diari de Girona, El Periódico de Catalunya y este mismo diario-, ahora se están investigando las presuntas irregularidades de Joan Cogul, militante de Unió, en el Departamento de Comercio y Turismo cuando lo dirigía Lluís Alegre, miembro también del mismo partido.

La credibilidad de Unió está, por tanto, bajo mínimos. Pero su situación podría empeorar todavía más si el partido insiste en plantear sus quejas ante Pujol no en el terreno de los principios, de las ideas y de las políticas que realizar, sino, como parece, en el terreno de aumentar cuotas de poder dentro de la coalición. Un partido debe tener un proyecto de país y de gobierno: negociar en materias de este género cuando se forma parte de una coalición es legítimo. No lo es, en cambio, negociar sólo el porcentaje de cargos que se quiere ocupar: un partido no es, en ningún caso, una fuente de puestos de trabajo más o menos bien remunerados.

La percepción ciudadana respecto de Unió Democràtica se acerca cada vez más a esta visión mercantilizada y desideologizada de la actividad política, y un partido así no va a ninguna parte; tiene, eso sí, la fuerza que le da ser clave para obtener la mayoría absoluta en el Parlament. Pero cualquier intento de transfuguismo sería suicida para un partido que nunca se ha presentado a unas elecciones en solitario y, por tanto, la palanca de poder que le podrían dar esos votos parlamentarios no es imaginable que pueda ser utilizada.

La estrategia de Pujol al desencadenar la crisis no está clara. Con ello, volvemos al principio del artículo. Pero alguna estrategia debe de haber, ya que el presidente de la Generalitat no es hombre que dé pasos en falso, maniobras poco meditadas. Los próximos días, o semanas, o meses, quizá nos permitirán llegar a algunas conclusiones más definitivas y concretas. De momento, apuntemos sólo una hipótesis: esta crisis se provoca dentro de una determinada estrategia.

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional en la UAB.