Los juristas alertan sobre la dificultad de combatir el nuevo crimen organizado
'Hay una tendencia a armonizar las legislaciones penales de los países en Europa para hacer frente a este tipo de hechos, pero queda mucho camino por recorrer'. Carlos Suárez, catedrático de Derecho penal y responsable del Centro Internacional de investigación sobre la delincuencia, ha dirigido un seminario en Arkaute en el que juristas de prestigio han desgranado los diferentes prismas del nuevo crimen internacional. Además de la denominada Europol, la UE ha impulsado la Red Judicial Europea, aún a falta de un desarrollo efectivo, y se han sellado acuerdos bilaterales de extradición como el suscrito entre España e Italia para casos relacionados con la mafia.
Pero cada país e institución tienen sus prioridades. Mientras para la comisión europea el problema principal es el fraude económico comunitario, en España son las mafias del tráfico de mano de obra ilegal, en Inglaterra la criminalidad informática y en Italia la pornografía infantil a través de Internet. 'Todos se engloban bajo el nombre de criminalidad organizada y tienen fuertes vinculaciones entre sí', subraya Suárez.
Nuevas formas
Las nuevas tecnologías han creado un eficaz instrumento de trabajo también para estos grupos. 'No se puede hablar sólo de un delito informático, sino de muchas formas de cometer delitos a través de la informática', señala Esther Giménez-Salinas vocal del Consejo General del Poder Judicial. La dificultad que existe para combatir estas actividades se centra en el anonimato del autor y del lugar donde se origina, destacando en este sentido la existencia de 'paraísos cibernéticos'. Giménez reclama la existencia de una policía especializada 'ya que estamos convencidos de que existe una altísima cifra negra' referida a delitos que se cometen y no se conocen 'porque ni siquiera son denunciados'. El Código penal español incluye como delitos informáticos actividades como la violación del correo electrónico, la transferencia de datos personales para actividades comerciales, la introducción de virus, la información injuriosa por Internet o la pornografía infantil, 'legislación similar a la de países de nuestro entorno'.
Para Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, fiscal jefe ante el Tribunal Constitucional, es sin embargo el blanqueo de dinero el principal problema relativo al crimen internacional, y el que más auge experimentará. 'Todas las organizaciones delictivas, sea cual sea su actividad, deben financiarse, y los beneficios ilícitos buscan luego una salida a través del blanqueo', sostiene. Comparte con Giménez que la existencia de paraísos fiscales dificulta aún más la actuación policial y judicial, dentro de un contexto supranacional en donde 'apretando una tecla se transfieren miles de millones de un Estado a otro'.
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