La Zona Franca de Cádiz analiza hoy los gastos, los contratos y la supuesta incompatibilidad del delegado

El delegado especial del Estado de la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro, del PP, responderá hoy ante los vocales del comité ejecutivo del Consorcio de este organismo sobre su gestión al frente del recinto fiscal gaditano. En la reunión, convocada por el propio delegado para las 13.00, los integrantes del comité (máximo órgano de aprobación y decisión de esta entidad fiscal tras del pleno del Consorcio) analizarán las actuaciones que han puesto en entredicho el mandato de Rodríguez de Castro desde que llegó al cargo en 1996.

El PSOE de Cádiz cuestionó la validez del informe que dicte este órgano debido a su composición, formado mayoritariamente por dirigentes del Partido Popular. El comité está compuesto por el delegado como presidente y por cinco vocales. Dos de ellos son del Ayuntamiento de Cádiz: Enrique García Agulló y Fernando Sicre, ambos concejales del gobierno municipal del PP. El vocal que representa al Estado es José Ramón Pérez Díaz Alersi, también del PP. El cuarto representa a Aduanas, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno central, del PP. Este último puesto fue desempeñado, en las últimas convocatorias por Diego Hernández Camacho, pero puede ser representado por varias personas. El quinto vocal es el empresario Ángel de Juan, que ocupa este puesto como presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz. Asiste, además, aunque sin voz ni voto, un abogado del Estado que, en anteriores ocasiones, ha sido Manuel Ponce. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, no puede asistir a esta reunión pese a ser la presidenta del Consorcio.

El comité tendrá sobre la mesa cuatro grandes cuestiones: los gastos en protocolo por parte del delegado, que ascendieron a 195 millones de pesetas (107 millones por encima de lo inicialmente presupuestados); la supuesta incompatibilidad de Rodríguez de Castro al participar en la dirección de seis empresas (tres públicas, dos privadas y una de capital mixto), cuestión que prohibe la Ley de Altos Cargos del Estado; las denuncias de directivos y trabajadores del Consorcio, que le acusan, respectivamente, de gestionar mal y de contratar a 22 personas relacionadas con dirigentes del PP, y, por último, la batería de iniciativas y denuncias parlamentarias que ha presentado el PSOE esta última semana.

Un portavoz del Consorcio informó de que la reunión será a puerta cerrada y no habrá declaraciones. El secretario provincial socialista, Francisco González Cabaña, calificó el encuentro de 'paripé'.