Ninguna de las grandes presas dispone de planes de emergencia en caso de rotura

Una fatídica noche de enero de 1959 los guardas de la presa de Vega de Tera (Zamora) escucharon un crujido que confundieron con un trueno. A la mañana siguiente descubrieron que la presa que vigilaban había sufrido 'un colapso en sus contrafuertes' y había arrastrado las vidas de 144 personas que, como ellos, dormían plácidamente en el pueblo de Ribadelago. Fallecieron sólo los que vivían dentro de la zona de avenidas. Los demás sobrevivieron porque estaban situados fuera del área de riesgo.

Todas las presas situadas en las cuencas bajas de los ríos que vierten al Atlántico desalojan en estos días el agua que les llegaba a borbotones. Riaño, Ricobayo, Santa Teresa o Valparaíso en el Duero están al máximo de su capacidad. La mayoría son presas nuevas construídas según las normas elaboradas por una comisión constituida días después de romperse la de Ribadelago, que tenía sólo tres años.

Después de la rotura de Tous (1982, nueve muertos y cuantiosas pérdidas materiales) se vio que no sólo había que vigilar la construcción, sino administrar y prevenir el riesgo. En 1996 el ministerio de José Borrell aprobó un severo reglamento para garantizar la seguridad o minimizar los efectos sobre las personas y bienes situados aguas abajo de los embalses en caso de accidentes.

En Suiza, Italia o Estados Unidos esas normas están al alcance de los potenciales afectados. A lo largo de los cauces hay carteles indicativos del nivel que pueden alcanzar las aguas, el tiempo que tardaría la avalancha en llegar hasta allí, sistemas de alarmas la población, carteles de señalización de vías de evacuación rápidas... En España no se atrevieron a clasificar las presas por el número de muertos que puede causar su rotura, como hacen en EE UU. La catalogación define tres categorías A, B y C en función del riesgo potencial.

Todas las presas incluidas en los dos primeros grupos 'deberán disponer de su correspondiente Plan de Emergencias'. El reglamento daba un año de plazo para que las presas del Estado o las de concesionarios (las privadas quedaban excluidas inicialmente) presentaran sus propuestas de clasificación. La propia Administración se daba un año de plazo para darlas por válidas. Según la directriz de Protección Civil, todas las incluidas en el grupo A tendrían que haber presentado sus planes el año pasado. Ninguna lo ha hecho, según fuentes de Medio Ambiente. La mayoría de las que lo han hecho pertenecen a concesionarios hidroeléctricos. 'Si el Estado no cumple, ¿qué fuerza moral tiene para exigir que cumplan los demás?', dice un portavoz del ministerio. No hay presupuesto ni personal.