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111 menores salen de la cárcel en las primeras 24 horas de vigencia de la Ley del Menor

Protestas en San Fernando por la excarcelación de las presuntas asesinas de Klara

Las cifras de Justicia confirman que se han revisado ya todos los casos de menores de 18 años presos preventivos (a la espera de juicio o con sentencia recurrida), cuya situación la ley obligaba a revisar en las 48 horas posteriores a su entrada en vigor, según el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Carlos Lesmes. 'A los 111 pueden sumarse uno o dos casos dudosos, pero la cifra es cerrada', precisó. Para los penados (sentencia firme) el plazo de actualización es de dos meses y, a faltas de cifras oficiales, Lesmes calcula que las excarcelaciones o cambios de centro serán de 'entre 200 y 400'.

Las excarcelaciones de menores se producen porque el nuevo texto legal establece que no puede permanecer en la cárcel ningún preso menor de 18 años o que hubiera cometido el delito antes de cumplir de esa edad. Además, la ley fija que quienes llevaran más de seis meses como presos preventivos deben salir a la calle hasta que se celebre el juicio.

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Justo en esta situación se encontraban las presuntas asesinas de la joven Klara G. C., Iría S.G. y Raquel C.T., que estaban en prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira (Sevilla), y que actualmente tienen 16 y 18 años. La alarma creada por la salida a la calle de estas dos jóvenes motivó que el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, solicitara la libertad vigilada para ambas. Lesmes confirmó ayer que las dos han salido bajo custodia.

Las jóvenes salieron la madrugada del sábado de la prisión y marcharon a sus respectivos domicilios. Ambas, que eran compañeras de instituto de Klara, confesaron en su día haber engañado a la víctima para conducirla a un descampado, donde le seccionaron parcialmente el cuello y le asestaron 18 puñaladas. La excarcelación de estas chicas desató ayer las protestas en San Fernando, donde unas 400 personas se manifestaron a las puertas del Ayuntamiento y de los juzgados en contra de esta medida y en solidaridad con la familia de la víctima, informa Fernando Pérez Monguió. Esta protesta y otra de padres de un colegio de Madrid donde se ha instalado un centro de menores fueron los únicos incidentes señalados por Justicia.

El malestar por la liberación de las presuntas asesinas de Klara fue resumido por el padre de la víctima, José Antonio García, que no asistió a la concentración: 'Siento rabia. Mi familia está sumida en el sufrimiento y el dolor', declaró. García acusó al Gobierno de 'irresponsabilidad' al excarcelar a las dos chicas. 'Es una falta de responsabilidad grandísima poner en la calle a gente tan peligrosa como las que mataron a mi hija, que además no se arrepienten. El Gobierno me condena al arresto domiciliario o a la deportación porque quiero seguir siendo una persona de bien y no se qué haría si me cruzase con estas chicas'. Ninguna de las dos jóvenes vive ya en San Fernando.

'No es la impunidad'

Carlos Lesmes insistió ayer en las bondades de la nueva ley y, tras mostrar cierta perplejidad por las reacciones ante su entrada en vigor, subrayó: 'Esta ley no es la impunidad; la salida a la calle de estas personas con delitos graves es transitoria, hasta que se celebre el juicio. No quiere decir que han quedado en la calle sin más, porque pueden ser condenadas hasta a 10 años de internamiento'. Los datos de Justicia y de Instituciones Penitenciarias indican que nueve menores acusados de matar han salido de la cárcel.

También salieron ayer de la cárcel los dos condenados por violar y asesinar a Antonio C., de 11 años, en un olivar de Jaén hace dos años. Ambos, de 18 años, han sido trasladados a centros de menores en Sevilla y Córdoba. Sus abogados retiraron los recursos que mantenían en suspenso sus condenas. También ha salido de Sevilla II una joven acusada de matar a su marido en la capital andaluza.

Respecto al adolescente J. R. P., el asesino de la catana, que mató a toda su familia con una espada japonesa, según la ley debe salir en libertad al llevar más de seis meses en espera de juicio. Pero hasta ayer no se había confirmado su salida del centro de menores de Murcia donde está desde el martes, informa Antonio Aguilar. El fiscal ha pedido el internamiento de J. R. P en un psiquiátrico.

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