Aceite de ricino

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) condenó el pasado miércoles las 'descalificaciones personales' lanzadas desde algunos medios de comunicación al servicio del gobierno contra los magistrados del Supremo que se habían atrevido dos días antes (por una mayoría de ocho frente a seis) a expresar un criterio desfavorable a la ilegal vuelta a la magistratura del ex juez Liaño decretada por el Gobierno a través de un extraño indulto. La censura del CGPJ a los 'juicios ad hominen', degradantes de las críticas legítimas a las decisiones judiciales, es un eufemismo de la brutalidad, crueldad y saña de unos comportamientos periodísticos que guardan con la libertad de expresión una relación parecida a la que mantiene la kale borroka con la libertad de reunión y de manifestación. El Tribunal Constitucional ha repetido hasta el cansacio que la libertad de expresión, como garantía de la comunicación pública libre en una sociedad democrática, no ampara ni las injurias ni las invasiones de la intimidad personal.

Un editorial amarillista del diario El Mundo -titulado Cuando la justicia la dicta el ex-marido de tu mujer- embistió el pasado martes contra Andrés Martínez Arrieta y otros cuatro magistrados del Supremo por no haberse abstenido en la sesión deliberante celebrada por la Sala Segunda -en el marco del artículo 264 de la ley del Poder Judicial-para discutir la aplicación del indulto gubernativo-papal-mileranista a Liaño. Este precepto encomienda a esas reuniones doctrinarias -diferentes de los plenos jurisdi-ccionales- 'la unificación de criterios y la coordinación de prácticas procesales', aunque deja 'a salvo la independencia de las Secciones' para adoptar las correspondientes resoluciones. En esa modalidad no cabe la recusación o la abstención de magistrados.

El editorial de El Mundo invade la vida privada de Martinez Arrieta, divorciado en su día de la actual mujer de Javier Gómez de Liaño. El chismoso texto cotillea los detalles de un pleito sobre la pensión alimenticia de las hijas del disuelto matrimonio y atribuye al primer marido un 'viejo rencor' pasional contra el segundo esposo de la fiscal indomable María Dolores Márquez de Prado. Se sabe dónde empiezan las invasiones a la intimidad personal -también de las figuras pú-blicas- pero nunca dónde terminan: una lección que debería hacer suya el director de El Mundo, víctima hace dos años de un sucio allanamiento de su vida íntima. Una vez fracasada una ridícula intentona de Liaño -juez entonces de la Audiencia Nacional- para instruir el sumario como si fuese un delito terrorista, la justicia ordinaria investiga ahora las responsabilidades de los autores de aquel repugnante atentado contra Ramírez. Como los boxeadores con puño de hierro y mandícula cristal, el director de El Mundo se cree con derecho a invadir la existencia ajena y a exigir a la vez respeto a la intimidad propia: las cuestiones de principio, sin embargo, no admiten excepciones.

Al igual que la lecherita que va al mercado a vender su vaca, Casimiro García-Abadillo, director adjunto del diario El Mundo, hizo sus alegres cuentas: si Martínez Arrieta se hubiese abstenido, habría arrastrado consigo a los magistrados Granados y Saavedra, dejando en minoría a los adversarios del reingreso de Liaño en la carrera judicial. Pero esa victoria le sabe a poco a Ramírez: tras sentenciar que 'el escandaloso caso' de Martínez Arrieta ofrece 'ribetes casi esperpénticos', también pretende cargarse a otros cuatro magistrados acusados de un Delito de Lesa Imparcialidad: Bacigalupo (por conocer a un abogado de Sogecable), Granados (por haber sido fiscal general con los socialistas), Martín Pallín (por amistad con un directivo de PRISA) y Andrés Ibañez (por colaborar en EL PAIS y en la revista Claves de Razón Práctica). Dueño del saloon como el Liberty Valance de Jonn Ford, el jefe de los matones ofrece al Gobierno una mayoría de seis frente a tres.

Si las tropas de asalto hitlerianos rompían los huesos de sus adversarios y los camisas negras mussolinianos les hacían tragar aceite de ricino, esta nueva variante mediática de fascismo chantajea a las víctimas con la amenaza de arrastrarles por el fango y de castigarles si desobedecen. El amparo del CGPJ tendrá para los magistrados agredidos la misma eficacia lenitiva que una aspirina o unas tiritas. Entre tanto, Ramírez se dispone a repetir, esta vez a favor de Liaño, la carnavalada solidaria de los socialistas en la cárcel de Guadalajara con los culpables del caso Marey, condenados en 1998 por una mayoría del Supremo de la que formaban parte dos magistrados (Martín Pallín y Conde Pumpido) elogiados entonces por quienes ahora les despellejan.