El fiscal jefe de Madrid afirma que la Sección de Menores sigue en obras y así es imposible trabajar
Casi la mitad (el 40%) de los 30 menores en prisión preventiva que debían ser excarcelados en Madrid en virtud de la nueva Ley del Menor, en vigor desde hoy, ya han abandonado la cárcel a lo largo de la presente semana, según han informado fuentes penitenciarias. La citada norma eleva a 18 años la edad mínima de ingreso en prisión.
Según esas mismas fuentes, los jueces han ordenado que para el mediodía de hoy ninguno de los jóvenes de 17 y 18 años que cumplen prisión preventiva en los penales madrileños sigan en ellos. De esta forma, hoy tendrán que abandonar la cárcel los 14 reclusos preventivos que aún permanecían anoche en Alcalá-Meco y ser conducidos a los reformatorios de la ciudad, previsiblemente al nuevo de El Pinar, situado en la Ciudad Escolar-Colegio San Fernando, en el kilómetro 12 de la carretera de Colmenar Viejo.
De los 14 jóvenes excarcelados en las últimas 48 horas de Alcalá-Meco, 9 han salido en libertad vigilada hasta que se celebre su juicio y otros 5 fueron trasladados a un reformatorio. La mayoría de estos jóvenes están acusados de cometer robos con fuerza, robos con violencia o intimidación y tráfico de drogas.
En principio, para los jóvenes ya condenados existe un plazo de dos meses para que sus casos sean revisados, según las directrices de la nueva ley, publicada en el BOE el 12 de enero de 2000. Pero en esta semana han salido también en libertad al menos siete menores sobre los que pesaban penas inferiores a los dos años de reclusión.
A primeras horas de la noche de ayer varios centenares de padres, profesores y alumnos del instituto de secundaria San Fernando iniciaron un encierro contra la apertura del reformatorio de El Pinar, situado a unos 500 metros de sus aulas, donde estudian 800 jóvenes, y de dos residencias que acogen a estudiantes de lunes a viernes. Temen que el centro para menores autores de delitos genere inseguridad en la zona. Aunque el reformatorio está cerrado y dotado de medidas de seguridad (ventanas con barrotes, cámaras de vigilancia, alambrada...), estos padres y alumnos consideran que alrededor de una 'cárcel' -como definen al nuevo centro- siempre surgen conflictos y trapicheos.
Los fiscales de Madrid insisten en que la Ley del Menor entra hoy en vigor en un marco de improvisación y sin los medios necesarios. El nuevo edificio de la Fiscalía de Menores, en la calle del Bambú, sigue 'en obras', lo que 'impide' que desarrollen su labor allí, señala el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, en un escrito que remitió ayer al fiscal general, Jesús Cardenal. La Junta de Fiscales de Madrid criticó la visita 'sorpresa' que efectuó el jueves Cardenal a ese edificio sin avisar a ningún fiscal para que le acompañase. 'Este agravio no es, con todo, lo más relevante', añade el fiscal jefe. Éste considera que lo peor es que el fiscal general 'legitimase' con su presencia en el edificio 'unas instalaciones insuficientes e inacabadas'. Fernández Bermejo asegura que si Cardenal le hubiese dado la 'oportunidad' de acompañarle en el recorrido por el edificio, le habría podido informar in situ de que 'sólo 13 de los 17 fiscales de menores tienen allí cabida'.
Cardenal replicó ayer tarde a Fernández Bermejo, al que hizo llegar un escrito en el que considera que no le agravió al visitar en su ausencia la nueva sede de la Fiscalía de Menores, ya que iba invitado por el director general de Relaciones con la Administración de Justicia. Cardenal sostiene que el estado del edificio permite trabajar de inmediato.
Este nuevo edificio, de 2.200 metros cuadrados, no permite aglutinar en una única sede a todos los fiscales, equipos de técnicos y servicios que precisa la Sección de Menores. Cuatro de los fiscales tendrán que quedarse en la sede de Martínez Campos, muy distanciada de la de la calle del Bambú, según los fiscales.
En su escrito, Fernández Bermejo indica a Cardenal que le habría podido informar de 'que 8 de los 12 despachos de fiscales -con menos de 10 metros cuadrados de planta cada uno- resultan del todo insuficientes para albergar a las, como mínimo, seis personas de obligada presencia coetánea en el acto de declaración de un menor'. Y que igualmente le habría indicado que 'no se ha respetado en absoluto la ubicación funcional de los puestos de trabajo y que, dada la escasez de espacio, de los tres miembros de cada uno de los 12 equipos técnicos (psicólogos, educadores y trabajadores sociales) sólo dos tendrán mesa y asiento'.
Fernández Bermejo reprocha a Cardenal: 'Habríais sabido [si le hubiese podido acompañar] que -ignoramos si por falta de dinero o de tiempo- las plantas primera y segunda no han sido acabadas conforme al plano, encontrándose diáfanas y sin los panelados que delimitarán los despachos de los equipos técnicos'. Ello es especialmente grave porque el trabajo de estos técnicos 'versa sobre los aspectos de la personalidad y entorno sociofamiliar del menor', lo que 'exige unas condiciones de protección a la intimidad ahora inexistentes'.
El fiscal jefe lamenta que Cardenal haya obviado visitar la planta inferior del edificio, que está 'toda ella en obras de albañilería' y sin que se sepa con certeza cuándo terminarán. En ésta, según el fiscal jefe, 'deberían estar ubicadas ya la clínica médico forense y los despachos de los facultativos -donde deben ser examinados los menores detenidos-, los locales de la policía de custodia y los calabozos'.
Ante esto, Cardenal replica: 'Fuimos informados de que quedaban pendientes algunas obras en los sótanos, cuya terminación, aunque prevista, no resulta imprescindible para comenzar la labor encomendada al ministerio fiscal'.
Calabozos que son 'zulos'
Fernández Bermejo declaró ayer a la Cadena SER que los calabozos del nuevo edificio le hacían recordar 'los tiempos de Charles Dickens' y que parecían zulos. 'Ahí no vamos a meter a ningún menor', advirtió Fernández Bermejo, quien en su escrito afirma que a Cardenal le 'ocultaron' en su visita 'los escombros que hay en la parte trasera del edificio'. Todo ello, según Fernández Bermejo, 'configura un panorama que, a escasas horas de la entrada en vigor de la ley, impide que desarrollemos nuestra labor' en ese edificio, pese a que desde la Fiscalía de Madrid se va a hacer 'lo imposible para dar una respuesta adecuada en tan trascendentes momentos', se dice en el escrito dirigido a Cardenal.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) también criticó que el fiscal general del Estado, 'lejos de adoptar una actitud gallarda y de exigencia al Gobierno' de los medios precisos para aplicar esta ley, 'dedique su tiempo a neutralizar las legítimas críticas de quienes denuncian el estado de carencias existente, llegando a legitimar, incluso con su presencia en las inacabadas instalaciones de la Fiscalía de Menores de Madrid, la recepción de una obra sin finalizar'.
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