Las autonomías piden más centros ante la 'avalancha' de menores que saldrá de prisión

La Ley del Menor, que entró en vigor anoche, facilitará la reinserción social y la reeducación de los delincuentes menores de 18 años, en adaptación de la legislación española a las exigencias de la Convención de los de Derechos del Niño. El Gobierno ha invertido más de 4.059 millones de pesetas y se ha creado 165 plazas de fiscales y 31 juzgados de menores, que completan los 38 ya existentes, según informó ayer el Ministerio de Justicia.

Unos sesenta menores que se encuentran en prisión preventiva a la espera de ser juzgados por los delitos de los que están acusados verán revisada en los próximos días su situación y se decidirá si quedan o no en libertad, en aplicación de la nueva norma.

Los jueces revisarán entre hoy y mañana domingo la situación de los presos preventivos de 16 y 17 años, alrededor de unos 90 en toda España, y será el juez el que determinará en su caso la medida que procede, entre ellas el internamiento cerrado en uno de los centros previstos en la nueva Ley o la libertad vigilada o no. En un plazo de dos meses los juzgados repasarán la situación de quienes están cumpliendo pena por delitos cuando tenían 16 o 17 años, que oscilan entre 200 y 300.

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha pedido a las fiscalías de toda España que le informen de la situación en cada una de ellas con el fin de revisar la situación de los menores que se encuentran en prisión.

Según una Instrucción remitida a los fiscales jefes de las fiscalías de menores que se constituyen mañana tendrán que remitir a la Inspección una pequeña memoria dando cuenta de las incidencias que se produzcan. Al cabo del primer mes, deberán rendir cuentas de todo lo sucedido durante ese tiempo.

Las asociaciones de jueces y fiscales mostraron ayer su 'preocupación' por la falta de medios humanos y materiales. La portavoz de Jueces para la Democracia, Monserrat Comas, dijo que todavía existen muchas comunidades autónomas que sufren problemas por falta de centros de internamiento.

José Luis Requero, de la Asociación Profesional de la Magistratura, y José Antonio Martín-Caro, de la Asociación de Fiscales, dijeron que ha existido un esfuerzo del ministerio 'a ultimísima hora' que permitirá empezar a trabajar.

Por el contrario, Adrián Salazar, de la Unión Progresista de Fiscales, dijo que este esfuerzo del ministerio ha sido 'insuficiente y tardío'.

Por su parte, el presidente del Comité Español de Unicef, Joaquín Ruiz Giménez, pidió colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas para que la ley funcione, y para que'las dificultades que se presenten vayan superándose gradualmente'.