Blasco dice que hay plazas para acoger los menores que se excarcelen

A juicio de Bienestar Social no se producirán problemas en la Comunidad a la hora de aplicar la nueva Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que entra en vigor el sábado. La consejería cuenta a fecha de hoy con 39 plazas libres -entre los centros de Pi Gros en Castellón (21 plazas libres de un total de 23) y La Villa, de Villena (18 libres de 30), un centro que gestiona la empresa Diagrama- para acoger a menores que salgan de las cárceles entre 16 y 18 años.

Del total de 112 expedientes de reclusos de 16 a 20 años que se revisarán en la Comunidad -se incluyen los mayores de edad que cometieron el delito antes de cumplir los 18 años- el Consell espera que unos 60 puedan salir de la cárcel. Pero de ellos, no todos estarán sometidos a condiciones de régimen cerrado, por lo que desde Bienestar Social condideran que las 39 plazas de internamiento son suficientes. La consejería que dirige Rafael Blasco apunta también que la revisión de los expedientes de los menores se realizará de forma progresiva, lo que permitirá que el paso de la cárcel a los centros de internamiento sea gradual. A las 39 plazas vacantes de internamiento se suman otras 30 del centro San Vicente Ferrer de Burjassot -de las 72 que cuenta en total- aunque son sólo para menores de entre 14 y 16 por lo que no podrán recibir chavales que salgan de la cárcel de Picassent.

Frente a la visión optimista de Bienestar Social, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, Enrique Beltrán, calificó de 'preocupante' y 'problemático' la falta de plazas de internamiento entre 16 y 18 años en la provincia de Valencia. Además, apuntó que la Dirección General de Penitenciarías ha habilitado un periodo de dos meses para estudiar los casos de los menores, tiempo 'suficiente' para que Bienestar Social acondicione un centro de internamiento en Valencia. Beltrán también lamentó la ausencia de centros psiquiátricos para menores y la falta de un secretario judicial para la fiscalía de menores.

Otro de los problemas apuntados, principalmente por grupos que trabajan con menores, es la falta de personal para atender las medidas de libertad vigilada, asistencia a centros de día, para atender los trabajos sociales para la comunidad o tareas socioeducativas, que impedirán que se puedan imponer medidas de este tipo a los menores, como recoge la ley. Bienestar Social apuntó ayer que existen equipos de base financiados por la Generalitat en ayuntamientos que posibilitan estas actividades.

El diputado socialista Antonio Torres acusó ayer al Consell de 'no preocuparse ni lo másmínimo por poner en marcha los recursos necesarios para laaplicación de la Ley del Menor', a lo que Blasco replicó señalando que los socialistas 'intentan confundir' porque sí hay medios.