El informe que el CSD pidió al Consejo de Estado favorece a los deportistas 'comunitarios B'

El dictamen del letrado mayor centra su informe en el baloncesto, deporte en el que primero saltaron las discrepancias. La ACB (Asociación de Clubes de Baloncesto) recurrió al carácter laboral para permitir jugar a comunitarios B mientras la Federación española les negó sus licencias por estimar que ocupan plaza de extranjeros. El CSD se colocó al lado de la federación, suspendió cautelarmente sus licencias -levantadas después tras sentencias judiciales- y al mismo tiempo solicitó un dictamen al Consejo de Estado y que está pendiente de su aprobación por su Comisión Pemanente.

La primera conclusión de este dictamen establece que la limitación de extranjeros o no por licencias federativas 'no puede aplicarse a aquellos jugadores de Estados que hayan celebrado Acuerdos de Asociación con la Comunidad Europea y los Estados miembros que contengan cláusulas de no discriminación y que tengan firmados contratos de trabajo y otorgados permisos de trabajo/residencia en España'.

Otra conclusión señala 'que no procede que el CSD revise de oficio las licencias expedidas por la ACB al no ser dicha expedición un acto de naturaleza administrativa'. El dictamen, además, recomienda 'para el futuro' que sean 'las autoridades públicas españolas y no los sectores privados [o sea, las Ligas y las federaciones] las que se pronuncien con mayor claridad acerca de la situación del mercado laboral' y que las autoridades deportivas coordinen 'su actuación con las laborales y de Inmigración a los efectos de la implantación correcta de la correspondiente política en el sector del baloncesto profesional u otros equivalentes'.

El dictamen del letrado mayor del Consejo de Estado está pendiente de aprobación en su Comisión Permanente. Una vez aprobado, se dará traslado del mismo al organismo que lo solicitó, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y al que corresponderá, a través del Consejo Superior de Deportes, decidir las medidas correspondientes.

Mientra, la Federación de Fútbol denegó ayer a los jugadores rumanos Galca (Espanyol) y Craioveanu (Villarreal) y el argentino Ibagaza (Mallorca) las licencias para actuar 'como comunitarios'. Los primeros presentaron la solicitud en función del acuerdo del convenio de asociación que Rumania tiene suscrito con la Comunidad Europea. Este camino abrió el ruso Valeri Karpin, del Celta, que llevó el caso a un juzgado de lo social de Madrid. El juez le dio la razón hace un par de meses y Karpin juega como comunitario. Otro tanto ha sucedido con el portero checo Kouba, del Deportivo, a quien su equipo no le tiene diligenciada ficha federativa.