El sistema público de bibliotecas municipales incumple los requisitos básicos exigidos por la Junta

El sistema público andaluz de bibliotecas municipales incumple los requisitos mínimos fijados por la normativa de la Junta de Andalucía, según se desprende del informe sobre la situación de las bibliotecas públicas que el Defensor del Pueblo, José Chamizo, presentó al Parlamento el pasado 28 de diciembre. Este estudio revela que la mayoría de las bibliotecas municipales incumplen las normas sobre superficie, instalaciones, uso, personal y servicios y ofrecen graves deficiencias fruto de la falta de financiación y la dejadez de los ayuntamientos, principales responsables de este servicio público.

El informe realizado por el Defensor del Pueblo ha tomado como muestreo del estudio a 169 bibliotecas públicas de municipios urbanos y rurales con poblaciones de 5.000 a 20.000 habitantes. De sus conclusiones se desprende que el actual sistema bibliotecario es 'deficiente' según determinan las exigencias fijadas por el Decreto 230/1999, que regula el Sistema Bibliotecario andaluz. Además, José Chamizo aboga por la pronta aprobación de una nueva ley de acceso a la información que sustituya a la Ley de Bibliotecas de Andalucía (1983) y que termine con la situación de transitoriedad que se vive desde la aprobación del Decreto 230/1999.

Este informe recoge que son mayoría las bibliotecas (67,4%) que no disponen de la superficie determinada como mínima -202 metros cuadrados para los municipios de 5.000 a 10.000 habitantes y de 400 metros cuadrados para los de 10.000 a 20.000-, por lo que estarían en una situación de ilegalidad de no acometer urgentes obras de ampliación en el plazo de tres años fijado por este decreto. Sólo la provincia de Almería, con un porcentaje total que se eleva al 87,5%, cumple las exigencias de espacio fijadas. Detrás se sitúan Jaén (42,8%) y Sevilla (39,3%). En el lado opuesto, la provincia de Málaga, donde ninguna de las bibliotecas sometidas a estudio dispone de la superficie legalmente requerida.

A raíz de estos datos, el Defensor advierte a la Consejería de Cultura de que se verá obligada a ampliar el periodo transitorio de tres años previsto para la adecuación de estos centros a lo estipulado en la normativa por la propia incapacidad de la Consejería para hacer frente a las peticiones de financiación que le lleguen de los municipios para cumplir este requisito tan costoso. 'Sólo si la Consejería de Cultura es capaz de convencer a las distintas Diputaciones para que corran con los costes derivados se podrán cumplir los plazos', expone el informe. Tampoco la oferta de instalaciones de las bibliotecas municipales pasa la prueba del estudio, que critica que estos centros se hayan convertido en 'bibliotecas paralelas a las escolares', desviándose de su función primordial, la de servir como instrumentos de acceso a la cultura para los ciudadanos.

Así, y pese a que el público es mayoritariamente infantil, sólo el 39% de las bibliotecas cuentan con una sala independiente para ubicar la sección infantil, carencia que obliga a compartir el espacio destinado a otras secciones (puestos de lectura o de consulta) a este fin. Cádiz y Málaga, que apenas superan el 25%, son las provincias con más carencias en este sentido. Granada, con un 63,6%, es la provincia que más se acerca a lo estipulado en la normativa.

Según el informe, sólo el 17,6% de las bibliotecas cumple con la exigencia de contar con salas independientes de estudio, lo que ha llevado a muchos centros a impedir que las salas comunes se empleen para este fin y así garantizar el desarrollo de las actividades propiamente bibliotecarias.

Sin servicio de Internet

En el capítulo de equipamientos, el informe del Defensor se centra en analizar el grado de informatización (salas audiovisuales, Internet y bases de datos) que presenta el sistema bibliotecario andaluz. El porcentaje de centros automatizados roza el 50%, pero ninguno oferta a los usuarios el servicio gratuito de Internet, a pesar de que el 8,8% de los centros están conectados a la Red. Sólo el 20% de las bibliotecas cuenta con servicio de reprografía.

Otro de los factores analizados ha sido el de los fondos bibliográficos, atendiendo al gasto medio que cada ayuntamiento destina por habitante a la adquisición de nuevos materiales. Según lo estipulado, la media ha de ser de 5.000 unidades para los municipios pequeños y de 10.000 unidades para los de 10.000 a 20.000 habitantes. En este punto el balance es 'muy positivo', según el informe, pues el 68% de los centros cumplen con lo expuesto en la normativa, llegándose a un 85% en el caso de los municipios más pequeños, donde la media es de 0,5 y 1 unidad por habitante (64,46 pesetas de media por habitante en 1998).

Por último, el Defensor del Pueblo denuncia que la normativa sobre los horarios de atención y sobre personal se incumple constantemente debido a la dejadez de la consejería, a la que recomienda crear un Mapa Bibliotecario que permita aplicar un plan de inspección. Y es que sólo el 44% de las bibliotecas cumple con las 35 horas semanales, 4 horas por día, de atención al usuario estipuladas. En el capítulo del personal, el informe denuncia que el 28% del total esté compuesto por voluntarios y objetores, 'lo que incide en la calidad de la gestión bibliotecaria por la escasa implicación de estas personas en el trabajo que desarrollan'.