Repsol advierte al Gobierno de la 'ilegalidad' de la fusión entre Endesa e Iberdrola

La fusión entre Endesa e Iberdrola entra en horas cruciales. El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) debe entregar el dictamen sobre dicha alianza el próximo día 10 al Ministerio de Economía, que tendrá un mes para dar su propuesta definitiva al Gobierno. Los nueve miembros del TDC están divididos para la toma de una decisión. Entre los documentos que sopesan figuran las alegaciones contrarias a la fusión presentadas por Repsol YPF, que a través de Gas Natural intentó lanzar una OPA sobre Iberdrola para contrarrestar la fusión, y las de la Asociación Nacional de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica (AEGE). Las dos partes consideran que la concentración es 'ilegal' y, además de solicitar al TDC que recomiende su 'prohibición', le exhortan para que advierta al Gobierno de las consecuencias que puede tener la aprobación de una operación de 'ilegalidad manifiesta'.

Repsol, que tras retirar la OPA parecía conformarse con comprar los activos que desechase la entidad fusionada, descubre sus verdaderas intenciones y lanza un ataque frontal en toda regla. En sus argumentos coincide la AEGE. Ambas partes presentaron sus alegaciones definitivas el 27 de diciembre, y en ellas sostienen que los términos en los que está planteada la fusión vulneran el Real Decreto 6/2000, de medidas urgentes de liberalización, que modificó la Ley 54/97, del Sector Eléctrico, y que se aprobó el pasado 23 de junio.

'El TDC debe advertir al ministro de Economía sobre la ilegalidad de una eventual decisión de aprobación de la operación, con condiciones o sin ellas', dice Repsol en el punto tercero de su escrito. 'La AEGE estima que la fusión vulnera de manera frontal el artículo 16 del Real Decreto-ley 6/2000 [...], por lo que su realización, sin que previamente se haya modificado o derogado dicha norma, sería o supondría un acto ilegal y, por consiguiente, nulo', sostiene la asociación.

Ambas partes explican que la unión de las eléctricas, que hoy tienen una cuota del 80% de producción, va en contra de la medida adoptada en junio, la cual prohíbe que los operadores que posean más del 40% de la potencia instalada en el territorio peninsular puedan aumentarla en cinco años.

Ni Repsol ni la AEGE consideran que se vaya a cumplir este requisito, ni siquiera con las desinversiones anunciadas. Y es que la segunda línea de argumentación en la que coinciden es que las eléctricas no han notificado realmente al TDC ningún plan de cesión de activos (PCA), lo que, a su juicio, impide cualquier evaluación de los efectos que sobre la competencia puede tener la operación.

Por eso, Repsol no sólo pide al TDC que rechace la fusión 'en los términos más enérgicos' sino, que tras 56 folios de argumentación, le insta incluso a que, ante la ausencia del PCA, se abstenga de emitir un informe sobre la operación, 'recomendando su prohibición en razón de esta limitación o deficiencia formal de la notificación'.

En todo caso, la petrolera insiste en que la operación 'no puede ser en ningún caso autorizada' porque vulnera la ley.

La lista de conclusiones de Repsol enumera los 'graves fallos' de la operación: 'Recoge de forma incompleta y sesgada las posibilidades reales de cesión de activos'; 'los periodos están indefinidos'; 'deja a su arbitrio el plan venta' y 'empeora la competencia'. Y subraya que 'el TDC tiene la grave responsabilidad de evitar que el interés privado en reforzar una posición dominante se convierta en un proceso arbitrario e injustificado'.