La Comunidad promete habilitar 15 plazas de atención psiquiátrica para menores delincuentes

Cuando un mayor comete un delito grave y los jueces entienden que quebrantó la ley porque padecía un trastorno mental, lo habitual es eximirlo de responsabilidad penal y ordenar su ingreso en un centro psiquiátrico. En cambio, aún no existe ningún centro de estas características, de régimen cerrado, si el delincuente es menor de edad y padece un problema psíquico.

Las 15 plazas que la Comunidad ha prometido habilitar vienen a solventar esta carencia. El problema es que la entrada en vigor de la Ley Penal del Menor está a la vuelta de la esquina y aún no se sabe cuándo ni dónde se pondrán en marcha.

Fuentes de la Fiscalía de Menores han advertido ya, en diversas reuniones, a la Consejería de Asuntos Sociales de que la falta de medios es responsabilidad suya. Es decir, los jueces de Madrid van a dictar resoluciones de acuerdo con la nueva ley, haya o no haya lugares donde conducir a los chavales. Las sentencias irán acompañadas de un requerimiento a las instituciones para que pongan medios a disposición del penado, y, si su situación no se regularizase, la consejería se enfrentaría a una acusación de desacato. Mientras, la fiscalía se teme 'que acaben en el Renasco [centro de internamiento en régimen cerrado]'.

Javier Urra, defensor del menor de la Comunidad, indicó ayer que su primera iniciativa, nada más hacerse cargo de la institución en 1996, fue pedir en la Asamblea de Madrid la creación de plazas psiquiátricas para jóvenes delincuentes con trastornos psíquicos. Su solicitud fue atendida y se tradujo en la llamada Ley de Garantía de la Infancia y la Adolescencia 1/1996, que incluía la construcción de centros para menores con problemas mentales. Han pasado ya cuatro años y, al menos de momento, no hay en la región ningún centro de esas características.

El inminente impacto que supondrá la excarcelación, prevista por la Ley Penal del Menor, de jóvenes de 16 y 17 años, y que precisen de internamiento en un reformatorio, está prácticamente controlado, ya que el Gobierno regional ha habilitado un nuevo centro (el de San Vicente). Pero estos menores también precisan centros para internamiento abierto, semiabierto y terapéutico.

Primero, el personal

La fiscalía afirma que lo más importante no son los ladrillos, sino cubrir cuanto antes las plazas de personal especializado necesario, como educadores, psicólogos, asistentes, secretarios... Pero los equipos judiciales que están revisando expedientes para adaptarlos a la nueva legislación del menor -830, según el fiscal jefe- también están en cuadro. En Madrid hay cuatro jueces de menores y cinco fiscales. Según la nueva Ley del Menor, la Comunidad debería contar el 13 de enero con 17 fiscales de menores, cada uno de ellos con un oficial a su servicio, dos auxiliares y un agente. En total, un equipo de funcionarios de 68 personas, cuyas plazas ni siquiera se han convocado.

Los fiscales de Madrid están convencidos de que muchos menores vulneran la ley sin ser delincuentes, y que ello es debido a que padecen trastornos psíquicos. Por ello están preocupados ante la falta de lugares adecuados para los jóvenes que delinquen por sus patologías mentales. Y es que, si no son tratados en un centro adecuado y específico por especialistas, los pequeños delitos que cometen hoy pueden tornarse en muy graves en el futuro, según fuentes de la fiscalía. El fiscal Félix Pantoja, coordinador de la sección de menores, lleva años poniendo de manifiesto este problema, que genera un gran desarraigo familiar. Hay que distinguir, según Pantoja, entre los menores con problemas mentales que cometen pequeños delitos no susceptibles de internamiento y los que sí. Para estos últimos son las 15 plazas que va a crear la Comunidad.

Para los otros, el juez puede acordar una medida sustitutoria, como puede ser la atención en ambulatorios o en centros de día.

La Comunidad abrió hace unos meses un módulo específico, con capacidad para 25 menores, en el hospital Gregorio Marañón. Pero se trata de una unidad destinada básicamente a las patologías que requieren un tratamiento urgente, no prolongado, e inicialmente no está previsto que atienda a chicos implicados en hechos delictivos.