Los juzgados de lo Penal revisan unos 1.800 expedientes de menores

Alrededor de 1.800 son los expedientes de menores desde 1990 revisados durante las semanas previas a la entrada en vigor, el próximo día 13, de la nueva Ley Penal del Menor. Los doce juzgados de lo Penal de Valencia tendrán listo el examen para esa fecha. Aunque el cómputo definitivo aún no se ha efectuado, en una aproximación resultaría que dos terceras partes de ese total de ejecutorias corresponden a menores penados o en prisión condicional.

El juzgado número dos dio ayer por concluido su examen de expedientes, alrededor de 180, de los que 120 corresponden a menores que cumplen algún tipo de pena de privación de libertad. El resto de juzgados, según fuentes de los mismos, ha revisado una media de sumarios que oscila entre los 120 y los 200. Serán los fiscales quienes determinen cómo les afecta la nueva norma.

Entre tanto, la Generalitat, según fuentes sindicales y de la Fiscalía, no ha comunicado aún el mapa de centros y plazas disponibles para la aplicación de la citada norma. Sí parece claro que el centro de Godella sufrirá una sustancial transformación. El Centro de recepción continuará siendo un módulo cerrado con 12 plazas para aquellos a los que se apliquen medidas judiciales.

Otro de los edificios del complejo, el que gestionan los padres capuchinos, dispondrá de alrededor de 50 plazas como centro de día. Y, por último, el módulo que hasta ahora era ocupado por las menores desaparecerá, según informan desde CC OO, para convertirse en espacio para el cumplimiento de medidas judiciales. Quedan pues por determinar el total de plazas en la Comunidad, dónde se ubican y qué tipo de asistencia o servicio habrá en cada una de ellas.

El mismo día de entrada en vigor de la nueva Ley Penal del Menor deberían estar disponibles todos los recursos humanos que la norma establece. La Consejería de Justicia asegura que para la correcta aplicación prevé un crecimiento del 30% de la plantilla de apoyo a los fiscales en la Comunidad.

Proceso dudoso

Por lo que se refiere a la contratación de educadores y psicólogos -que según la propia consejería sigue un proceso de selección individual, no se publicitan los requisitos y se contrata a los interesados bajo la fórmula de asistencia técnica- se desconoce el total de personas de las que se dispondrá, con que formación y experiencia específicas, y cuál es presupuesto destinado para ello.

La sección de Justicia del sindicato CC OO solicitó al consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Carlos González Cepeda, información detallada sobre este proceso de contratación a fin de estudiar, tras pasar por el gabinete jurídico, su posible impugnación.

Por otra parte, González Cepeda aseguró ayer que la Ley de Enjuiciamiento Civil, que entrará en vigor el próximo día 8, 'puede provocar algunos desajustes durante el periodo de adaptación' pero que es 'un eficaz instrumento de transformación de la justicia civil al servicio de los ciudadanos'.