El fiscal pide prisión contra Gil por autorizar el edificio de Antonio Herrero

Por primera vez un fiscal ha imputado un delito urbanístico al alcalde de Marbella, Jesús Gil, quien ha recibido 80 denuncias penales en esta materia desde 1997. La Fiscalía de Málaga pide para él y otros siete concejales 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación por la licencia que permitió al periodista radiofónico Antonio Herrero construir un edificio de diez plantas sobre un suelo "clasificado como viario y destinado a uso público". Gil declaró ayer a EL PAÍS: "Antonio Herrero hizo el convenio con el Ayuntamiento sin decirme nada a mí". Herrero falleció en 1998 cuando practicaba submarinismo en Marbella.

El fiscal Juan Carlos López Caballero, en sus calificaciones provisionales, considera que "es nula" la licencia de obras concedida a la sociedad Incopromar SL el 4 de julio de 1997 para construir un edificio de 10 plantas. Sostiene que se autorizó a edificar "en un suelo que estaba clasificado como viario y destinado a uso público" en el plan general de ordenación urbana (PGOU) del año 1968, vigente en aquel momento. También recalca que esta situación irregular "era conocida por los acusados", que autorizaron la construcción dentro de una revisión del PGOU que entonces estaba preparando el Ayuntamiento de Marbella, pero que ha sido rechazada en dos ocasiones por la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga en julio de 1998 y octubre de 2000.La empresa Incopromar, propiedad de Antonio Herrero y su cuñado Roberto Osborne, consiguió la licencia por una decisión de la comisión de gobierno tomada, según el fiscal, "siguiendo las instrucciones del alcalde". Jesús Gil no está de acuerdo. Ayer declaró a este periódico que "todo se hizo correctamente".

El fiscal imputa a los siete concejales de la comisión de gobierno como "coautores" y a Jesús Gil como "inductor" en un delito contra la ordenación del territorio, una moderna forma de prevaricación recogida en el Código Penal de 1995. La denuncia inicial fue presentada el 14 de agosto de 1997 por la Plataforma ciudadana contra la revisión del PGOU de Marbella y después se personaron en la causa el PSOE y Los Verdes. Ésta fue la primera demanda penal de las 80 que se han presentado desde entonces contra los 400 convenios suscritos por el municipio con particulares, estableciendo por la vía de los hechos modificaciones al plan de ordenación urbana.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel García Marcos, opina que "en el convenio suscrito entre Herrero y los responsables municipales había un intercambio de mercancías; Gil estaba pagándole a Herrero una supuesta publicidad gratuita de Marbella que evidentemente nunca fue gratuita". Gil reconoce que "si le hubiera podido echar una mano a Antonio Herrero se la habría echado, porque siempre hablaba bien de Marbella y sería una manera de pagarle indirectamente la promoción, pero no me dijo nada, sólo que le habían cobrado más que a nadie por el convenio".

La representante de Los Verdes, Inmaculada Gálvez, además del delito de prevaricación, acusa a Gil de "malversación de caudales públicos, fraude y posible cobro ilegal de comisiones". La magistrada que del caso, María Luisa de las Heras, titular del Juzgado número uno de Marbella, pedirá sus calificaciones provisionales a las defensas y enviará el sumario a la Audiencia de Málaga para que se fije fecha del juicio en un juzgado de lo penal.

El delegado de la Consejería de Urbanismo de la Junta de Andalucía, Enrique Salvo, espera que "éste sea el primer caso que llega a juicio, pero no el último". Salvo recordó que "a partir de ahora en Marbella, en casos como el de este edificio, la Junta presentará demandas por la vía penal".