El Gobierno andaluz elabora un nueva ley de incompatibilidades de altos cargos de la Junta

El Gobierno andaluz pretende aprobar durante esta legislatura una nueva ley de incompatibilidades de cargos públicos "más rigurosa y clara", que incluye un régimen sancionador y en la que intentará contar con el máximo grado de consenso de todos los grupos parlamentarios. La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Carmen Hermosín, explicó que la actual normativa de incompatibilidades, que data de finales de los años 80 y a la que se le han ido practicando una serie de modificaciones en los años 1990, 1991 y 1994 es "muy defectuosa y tiene muchas lagunas sobre todo desde el punto de vista jurídico", dado que se trataba de una ley "muy rígida que responde a un momento en el que todas las administraciones queríamos mostrar que había un régimen duro de incompatibilidades". La consejera aseguró que el aspecto más relevante de la nueva normativa es la "seguridad jurídica" de las personas a las que va dirigida -altos cargos de la Junta de Andalucía- y una mayor claridad en el régimen de incompatibilidades, "que antes estaba un poco difuso porque era incompatible para todo, pero hay mucha gente que de una forma involuntaria no podía cumplirla por su rigidez".

Esto representaba que "alguien que salía de la Junta no podía trabajar absolutamente en nada, y eso al final produce inseguridad jurídica porque la gente va a trabajar en lo que sea y lógicamente lo que debe existir es una normativa que prohíba una serie de incompatibilidades".

La ley debe ser también clara "porque tal y como está redactada los cargos públicos no podían trabajar en nada que tuviera relación con la comunidad autónoma, por lo que dejaba a la gente a que tuviera que seguir en un cargo político", añadió la consejera.

El borrador de la ley regula el régimen de incompatibilidades de una manera "más rigurosa y clara", dijo Carmen Hermosín, quien explicó que como aspecto novedoso la nueva normativa establece la posibilidad de que los docentes puedan compatibilizar "algunas horas del trabajo político con su labor en la docencia".