El Gran Recusador

El Pleno de la Sala Segunda del Supremo rechazó el pasado viernes, por unanimidad de sus 12 miembros, la recusación presentada por los letrados de Liaño contra los magistrados Enrique Bacigalupo y José Antonio Martín Pallín, dos de los tres miembros de la sección que aplicarán -como tribunal sentenciador- el indulto gubernamental de inspiración papal y milenarista concedido al ex juez condenado en octubre de 1999 a la pena de inhabilitación especial (con "privación definitiva" de su carrera) por un delito continuado de prevaricación como instructor del llamado caso Sogecable. A la espera de la publicación del auto, encomendado por la sala como ponente al magistrado Perfecto Andrés Ibáñez, ya se conocen los principales motivos de esa contundente decisión: la ausencia de fundamentación legal de la pretensión (la solicitud no invocaba ninguna de las causas tasadas de recusación) y la extemporaneidad de su presentación (no era el momento procesal para interponerla).Esta torpe maniobra obstruccionista no sólo confirma la incompetencia profesional de Liaño como jurista: su empecinamiento en recusar una y otra vez a los magistrados a quienes han correspondido las tareas de procesarle, juzgarle, ejecutar la sentencia o aplicar el indulto saca a la luz los componentes irracionales de su comportamiento. Los criterios esgrimidos por el Gran Recusador para justificar sus fobias dan sobrados fundamentos para desconfiar de su estabilidad emocional. Los lectores de su injurioso libelo Desde el banquillo (Temas de Hoy, 2000) conocen el trasfondo del visceral aborrecimiento de Liaño hacia Bacigalupo; obligado a huir de su país tras el golpe militar de 1976, este penalista argentino de prestigio internacional es acusado con el peor estilo xenófobo de "haber quitado el puesto" a otros magistrados españoles de origen (pág. 98) y de ser "el mayor gafe del planeta" (pág. 200).

Aventajado discípulo de la alegre muchachada periodística que le embarcó primero en el caso Sogecable y le dispensa ahora su protección mafiosa, el ex juez emplea el lenguaje chulesco y la prosa grasienta de sus maestros literarios para rematar a las víctimas. Según explica Liaño a los lectores, Bacigalupo, "paradigma de la esquizofrenia política", escapó primero de los bárbaros de Argentina pero ha defendido después en España a "otros caníbales de la misma laya aunque de distinta ideología" (pág. 43); siempre ha estado "conchabado" con los querellantes que le acusaron de prevaricación (pág. 20); ha cubierto de "dolorosa vergüenza" su dignidad personal y profesional "al arrodillarse para poner las zapatillas" a unos innomimados protectores políticos (pág. 98); acostumbra a impartir la misma conferencia "en sesiones de mañana y tarde, incluidos fines de semana, excepción hecha de los domingos alternos" para conseguir dinero (pág. 97); y forma parte del grupo de canallas "que morirán ahogados en sus propios excrementos" (pag. 252) y a quienes sólo les faltó "encargar un buen velatorio, hacerme un vistoso entierro y antes de la primera palada orinarse encima de la caja mortuoria" (pág. 280).

El oscilante trato dispensado por Liaño al segundo magistrado ahora recusado es un buen ejemplo de sus cambios de humor: hasta ahora, el veto del PSOE a la candidatura de Martín Pallín como Defensor del Pueblo, pese a su "limpia trayectoria", mostraba cómo "su independencia no estaba preparada para la prueba del agua y del fuego" (pág. 130) de los socialistas. Aún más favorables eran las opiniones de Liaño sobre el ponente de la Sala Segunda que ha rechazado su doble recusación: hace pocos meses, Perfecto Andrés Ibañez era "un magistrado casi perfecto, a punto de ser coherente del todo y completamente honrado frente a la vulgaridad y mezquindad de los otros" (pág. 145). El próximo mes de enero la Sala Segunda se pronunciará sobre el indulto concedido por el Gobierno a Liaño; para abrir boca, el texto del decreto omite que la pena de inhabilitación especial incluye entre sus efectos "la privación definitiva" del empleo del condenado. El Supremo resolverá si el Consejo de Ministros puede o no saltarse el Código Penal a la torera para imponer la vuelta a la carrera de un ex juez condenado por prevaricación; no parece, en cualquier caso, que el Gobierno haya cumplido con su deber constitucional de evitar que los ciudadanos -aunque no sean terroristas y narcotraficantes- puedan caer como justiciables en manos de Liaño.