Junta y Gobierno subvencionarán la construcción de alojamientos para temporeros en 42 municipios

La falta de viviendas constituye uno de los problemas más acuciantes de los inmigrantes que trabajan como temporeros agrícolas en Andalucía y, a la vez, uno de los lastres que dificulta su integración social. El Gobierno andaluz aprobará en breve un decreto para impulsar la construcción de alojamientos destinados a los temporeros agrícolas (tanto españoles como extranjeros), cuyo texto ha sido consensuado con el Ejecutivo. El borrador del decreto contempla subvenciones para los promotores de hasta el 30% sobre el precio máximo de venta de las viviendas, que deberán destinarse al alquiler de forma obligatoria.

El marco inicial de actuación de este decreto se limita a 42 municipios de las provincias de Almería, Huelva, Jaén, Córdoba y Granada, donde se registran las mayores corrientes migratorias fruto de la oferta laboral.El proceso para gestar esta iniciativa de la Consejería de Obras Públicas, la competente en materia de vivienda y urbanismo, ha sido largo, entre otras razones por la necesidad de consensuar su contenido con el Ministerio de Fomento. El primer contacto entre ambas Administraciones tuvo lugar antes de las elecciones generales y autonómicas cuando el titular andaluz de Obras Públicas era aún Francisco Vallejo. Aunque se trata de una medida del Gobierno autonómico, la Administración central contribuye con fondos para subvencionar la construcción de alojamientos.

Aunque el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo (1999-2002) contemplaba medidas que podrían beneficiar al colectivo de inmigrantes, lo cierto es que el decreto será el primer instrumento específico que adopte el Gobierno andaluz para tratar de remediar la falta de alojamientos dignos para los extranjeros, especialmente dramática en comarcas como el Poniente de Almería, que también se repiten de forma puntual en localidades freseras de Huelva o en municipios de Jaén en la recogida de la aceituna.

El decreto, en principio, beneficiará a todos los trabajadores temporeros, extranjeros y españoles. Sin embargo, los favorecidos serán principalmente inmigrantes, que constituyen la principal mano de obra agrícola en numerosas localidades andaluzas. El borrador del texto contempla dos líneas de actuación, aunque ambas descansan en la iniciativa privada. Por un lado, Obras Públicas fomentará la construcción de unidades habitacionales, a medio camino entre la vivienda tradicional y la residencia colectiva, que se destinarían a trabajadores con contratos de corta duración.

El segundo bloque de ayudas pretende incentivar la construcción de viviendas, cuya superficie no debe superar los 70 metros cuadrados, dirigidas de forma prioritaria a trabajadores que posean un contrato más estable y que cuenten con familia a su cargo. Dado que el decreto establece que, salvo excepciones (que no se concretan), las construcciones tendrán que ejecutarse sobre suelos declarados urbanos, la medida tiene también una vertiente social al fomentar la integración de las familias adjudicatarias con la población de acogida y evitar el aislamiento espacial.

Para animar a la iniciativa privada a construir, Junta y Gobierno otorgarán una subvención equivalente al 30% (pagada al alimón) del precio máximo al que hubieran podido venderse las viviendas, que sólo podrán ser arrendadas por un importe límite (inferior al 5% del precio máximo al que hubiera podido venderse la vivienda).

Los destinatarios de las viviendas tendrán que cumplir una serie de requisitos como disponer de ingresos familiares anuales inferiores a los 2,5 millones de pesetas, ser trabajadores temporales desplazados de su domicilio habitual y, en el caso de los ocupantes de las unidades habitacionales, tienen que acreditar que reciben ingresos suficientes para pagar el arrendamiento. Estas unidades no deben superar los 40 metros cuadrados de superficie.