Sobre el diálogo político en Euskadi

La democracia es diálogo, es la expresión política de una acción comunicativa, de debate, de reflexión en común, de propuesta y de acuerdos. En principio, la negociación intenta avanzar racionalmente, a través de un procedimiento objetivo que garantice la libertad y la participación. El cierre de esta democracia dialógica se produce cuando el acuerdo negociado no da más de sí, a través del principio de las mayorías, que es un principio final que zanja con una toma de decisiones, en beneficio de las mayorías, los problemas planteados. En ese sentido, toda la filosofía democrática se abre en el diálogo para la toma de decisiones, y todas las construcciones políticas y jurídicas de la modernidad, con base liberal, democrática y social, que se plasmen en las constituciones, dan por resultado ese criterio. El Parlamento y sus debates, los procesos con argumentaciones cruzadas y contradictorias ante jueces y tribunales para obtener la satisfacción de pretensiones, y muchos derechos fundamentales como la libertad de pensamiento y de opinión, la libertad de prensa, de información, de cátedra, de reunión o de asociación, están pensadas para el diálogo. La democracia no es un sistema orientado al éxito, ni al sometimiento del enemigo, ni utiliza la dialéctica del odio, que tapona los mecanismos del diálogo. Es una gigantesca estructura construida para el entendimiento y el consenso, para que las personas sensatas puedan libremente expresar su acuerdo y su adhesión al sistema como el que facilita más la integración y la cohesión social.No debe extrañar que con esos presupuestos, ante la permanencia en actividad del terrorismo de ETA, muchas personas reclamen el diálogo, en concordancia y en sintonía con lo que pensaba el profesor Lluch, cruelmente asesinado por la banda terrorista. La manifestación de Barcelona fue un clamor que los poderes públicos no pueden desatender, y que los intelectuales deben intentar comprender.

Las reacciones ante la impunidad y el terror, y la indignación que producen todos los atentados, su reiteración, y mucho más si la víctima es una persona de talante tolerante y abierto como Ernest Lluch, han oscilado desde la reclamación de la prisión perpetua, e incluso de la pena de muerte, hasta este clamor por el diálogo. Es indudablemente mejor la segunda postura, más acorde con nuestro modelo político, que la reacción visceral del endurecimiento de las penas. Creo que ésta debe ser descartada a priori como indeseable y probablemente contraria a la Constitución. La segunda debe ser apoyada, aunque no debe plantearse con ligereza, sino tomarse su idea muy en serio, encauzándola y racionalizándola. Es evidente que exige una reflexión para fijar las condiciones y aclarar las ideas, porque no todos los que hablan de diálogo tienen las mismas ideas, ni tampoco entienden el diálogo de la misma manera.

El pacto antiterrorista, excelente decisión del Partido Popular y del Partido Socialista, ya ampliado con otros partidos y con CC OO y UGT, está en la línea de hacer posible el diálogo desde los principios democráticos y desde el imprescindible respeto a la vida y rechazo a la violencia terrorista. Para que haya diálogo hay que partir de esas premisas que el pacto fija y que son elementales en una sociedad bien ordenada.

Debemos esclarecer qué pretendemos, cuáles son los objetivos a alcanzar, los cauces por los que tiene que transcurrir, y distinguir los aspectos formales y materiales de un diálogo fructífero y no frustante, porque todo diálogo tiene unas reglas y unos procedimientos.

Lo primero que conviene es distinguir las dimensiones procedimentales y las dimensiones materiales. Las primeras, al menos prima facie, deben ser respetadas por todos, no pueden ser modificadas "in itinere", y sólo desde ellas se puede iniciar el diálogo.

Sin un acuerdo sobre el procedimiento para el propio diálogo parece imposible que éste se desarrolle con fruto. Lo lógico, lo sensato, lo prudente y lo racional es partir de las reglas del juego que son la Constitución y el Estatuto, aunque reconozco que, en el punto de partida, las actitudes soberanistas del PNV y su mantenimiento en el Pacto de Lizarra son las mayores dificultades para el diálogo. Hablando dos lenguajes posibles no cabe la comunicación; utilizando en sentidos diferentes los propios términos de los hablantes, no cabe comprensión, y sí surgirán muchas disputas verbales que sólo se diferencian por el sentido que se atribuye a las palabras. Por eso, sería sensato que las negociaciones se planteasen en el Parlamento vasco después de las elecciones. El diálogo preelectoral prepararía el terreno para el juego limpio y para situar el diálogo en su sentido correcto.

En segundo lugar, debe existir una legitimidad indubitada para intervenir en el diálogo, que debe ser al mismo tiempo signo del apoyo popular que tienen los hablantes. Eso exige que las elecciones refuercen a la actual mayoría, o la hagan cambiar hacia los actuales grupos de la oposición. El Gobierno vasco actual carece de legitimidad, está en minoría y no es un interlocutor adecuado. Sobre todo si se observa que el PNV, por medio de sus portavoces, desmiente o corrige al propio Gobierno de su partido.

El proceso electoral mismo va a ser un buen termómetro para saber si se dan las condiciones para un diálogo y en qué escenarios se va a producir éste. También será esclarecedor, al marcar la posición de los ciudadanos con sus votos. Esta situación preelectoral, con estrategias para obtener apoyo de los votantes, no es el mejor de los ámbitos para una comunicación entre posturas diferentes; sólo debe, como hemos dicho, ayudar a un proceso electoral libre y limpio y avanzar en el índice de temas a dialogar.

Desde el respeto a las condiciones procedimentales que se establecen en la Constitución y el Estatuto, el objeto central del diálogo tiene que ser erradicar el fenómeno del terrorismo, acabar con la violencia de ETA, y restablecer la paz y la libertad en el País Vasco. Naturalmente, si pasamos a las dimensiones materiales del diálogo, todos los temas se pueden plantear y defender, incluidos los que estén más alejados de los valores constitucionales, como el independentismo o la autodeterminación. Nadie puede ser rechazado como interlocutor por pretender esos objetivos. Lo único que se debe preservar es el respeto a los procedimientos, a las reglas del juego para la toma de decisiones que están en la Constitución y el Estatuto, y que arrancan de los principios de la negociación y de las mayorías. Incluso se puede pretender cambiar los procedimientos, y eso sucede cuando se pone sobre la mesa la autodeterminación, que es el ámbito vasco de decisión. Lo único es que no pue

de ser un prius que se utilice para el diálogo, sino un resultado, en su caso de ese diálogo, siguiendo el procedimiento y las reglas del juego actuales que no lo contemplan. De la misma forma que el PP no puede rechazar el diálogo porque su interlocutor nacionalista sea independentista, tampoco los nacionalistas pueden imponer como condición para ese diálogo que se respete el ámbito vasco de decisión, porque tal postura vulnera el actual marco constitucional y estatutario. Todo eso se garantiza suficientemente en el pacto antiterrorista.

Desde estos presupuestos, el diálogo se puede desarrollar con toda libertad, pero con unas condiciones para que cumpla el fin último de acabar con el terrorismo y conseguir la paz. Entre estas condiciones parecen indispensables las siguientes:

1. Un diálogo justo sólo es posible en condiciones de igualdad, con todos los interlocutores implicados al mismo nivel y sin límites a su libertad de opinión y de pensamiento. Ninguno puede mantener tesis que rompan las reglas del juego limpio ni los procedimientos que regulan el estatuto del diálogo. Así, no cabe diálogo manteniendo relaciones o presencia conjunta en organizaciones con los grupos violentos o con los que apoyan la violencia. Tampoco es posible que hablantes que intervienen en el diálogo prejuzguen el resultado de éste, situando a criterios materiales como fuera de discusión y que tienen que ser aceptados. Sólo las reglas del juego, los procedimientos de la Constitución y del Estatuto, son inamovibles, porque son los criterios generales que posibilitan un diálogo ordenado.

2. Todos los interlocutores deben hablar por una sola voz. No deben contradecirse con mensajes antitéticos si representan la misma institución. Parece que esta dificultad se produce entre las aportaciones del lehendakari Ibarretxe y su Gobierno y el presidente Arzalluz o el portavoz, Egibar. Hay que distinguir entre la opinión de una persona, por muy relevante que sea, y la opinión del colectivo, que es quien participa en el diálogo y cuyas ideas son las relevantes para participar en el mismo. El problema es más serio en el PNV, donde quienes discrepan son las instituciones, el Gobierno y el partido. Condición previa al diálogo es que se pongan de acuerdo y unifiquen su voz.

3. Todos los participantes en el diálogo deben ponerse de acuerdo sobre el sentido de los conceptos que usan. Si se emplea una expresión con significados distintos es posible que la discusión se ciña a un debate verbal sobre palabras. Esta condición es importante en un diálogo político, donde los sentimientos y los afectos tienden a dar un sentido emotivo a las palabras, lo que no favorecería un diálogo racional.

4. Desde que se acepta la necesidad del diálogo, hay que partir del respeto al otro y a su estatuto de legitimidad para ser interlocutor. Cualquier campaña de descrédito, cualquier juicio de intenciones, cualquier rechazo previo a las opiniones de los demás, debe excluirse. El respeto a la dignidad de todos pasa por que sea imposible aceptar posiciones que ignoren que los hombres son seres de fines, que no pueden ser utilizados como medios, y que carecen de precio. Eso excluye cualquier utilización y cualquier beneficio para los participantes de las acciones violentas y de los asesinatos de ETA.

5. El resultado del diálogo tiene que responder al fin pretendido al iniciarse: el fin de la violencia terrorista y la consecución de la paz. Así, debe alcanzarse el mayor consenso posible, desde las reglas indicadas, que puede suponer el establecimiento de nuevas reglas y de reformas de la Constitución en su caso. Éstas sólo pueden ser resultado de un diálogo racional entre interlocutores válidos, y no puede suponer la aceptación de las tesis de los terroristas y de quienes les apoyan. Sólo el juego de la negociación y de las mayorías debe ser el cauce para los acuerdos, nunca la coacción o la vinculación de esos acuerdos con una concesión para la paz que se hace a los violentos. Si se produjera esa situación se habría roto la seguridad que exige el monopolio en el uso de la fuerza legítima que justifica la existencia del Estado y del Derecho, que es el único ámbito para la libertad y el desarrollo de la dignidad humana. Cuando se cede una vez ante la violencia, desde un Estado democrático, se está ya a merced de cualquier violento en cualquier ámbito. Por eso el diálogo no puede dar la razón a los violentos, sólo debe establecer las bases para su erradicación.

Los ciudadanos catalanes que se manifestaban pedían lo mismo que las grandes manifestaciones de Madrid, de Sevilla, de Málaga, de Granada o del País Vasco, diálogo para acabar con la violencia, desde la clara idea del eslogan "Vascos sí, ETA no", y en ese ámbito se entiende la palabra libre de Gemma Nierga dirigida a los políticos: "... Ustedes que pueden, dialoguen...". Es lamentable el oportunismo de Arzalluz intentando orientar ese clamor a favor de ese diálogo sin condiciones, que es universalizar su actitud de entrega y de acuerdo con los fines de ETA. Tampoco ese clamor es pedir al Rey que intervenga, porque eso es pedirle que rompa el modelo constitucional. Simplemente, entiendo que ese clamor pide un diálogo entre iguales, ilustrado, desde el respeto mutuo, y sabiendo después de las elecciones cuál es la voluntad del pueblo, para conseguir acabar con la violencia y restablecer el tejido social libre en el País Vasco, con los mismos valores de libertad y de igualdad que existen en el resto de España. El pacto antiterrorista es una buena herramienta para el diálogo, quizás la única, porque garantiza la firmeza de los principios y es un referente de claridad que cumple todas las condiciones que hemos esbozado en estas líneas.