LAS ESTADÍSTICAS TRIBUTARIAS ¿Es creíble el resumen del IRPF de 1999 de Hacienda?

El ministro de Hacienda ha presentado los resultados de la primera declaración de IRPF realizada con la nueva ley aprobada en 1998, y los datos expuestos por Cristóbal Montoro tienen una apariencia bastante buena en aspectos tan importantes como el del reparto de la carga tributaria entre los distintos niveles de renta.Pero el problema es que no se dan las circunstancias mínimas necesarias para que la información sea creíble. El Ministerio de Hacienda tiene prohibido al departamento de informática tributaria desde el año 1997 la distribución del documento que edita todos los años con el resultado de la declaración de IRPF.

En este documento se incluyen, por comunidades autónomas y por provincias, los valores medios de las principales variables, como las rentas del trabajo, las rentas del capital, las rentas empresariales, la base imponible, la cuota, las deducciones, y además se incluyen unas tablas en las que para cada partida de la declaración se señalan el número de declarantes y el valor medio de lo declarado tanto para el total de la partida como para diez tramos en que se subdivide la base imponible a efectos de posibles estudios y comparaciones.

También se publicaba cada ejercicio una Memoria de la Administración Tributaria, en la que se incluía un amplio resumen estadístico de los principales impuestos, pero esta memoria se dejó de publicar a partir del año 1997, ejercicio en el que se distribuyó por primera vez por medio de Internet.Nos encontramos en este momento con que no se dispone, si no se es allegado a los que mandan en el ministerio, de ningún documento para contrastar los resultados presentados, pues no se distribuye el resumen de 1998, que sirve de referencia para la cualquier comparación, ni el de 1999, que no se sabe si está terminado, pero que también está prohibido distribuir. En estas circunstancias, el ministerio podría inventarse los datos que le diera la gana, lo que supone una carencia de sensibilidad preocupante en materia de credibilidad.

El tema es grave, pues no se trata de una estadística cualquiera, cuya omisión pudiera defenderse por razones de no abrumar con información o de ser una información innecesaria. Se trata de la información más importante sobre la composición de la renta de los ciudadanos, así como de su comportamiento fiscal. Y, si todos los años es importante, mucho más en éste, en que se ha cambiado la ley y es esencial analizar en qué medida la realidad ha respondido a lo que se esperaba de la nueva ley.

Las estadísticas básicas del país constituyen un bien público propiedad de todos los españoles, y la decisión de evitar su conocimiento por los ciudadanos, aparte de poco democrática, deslegitima cualquier resumen elaborado por el departamento que haya decidido eliminar sus estadísticas básicas.

Y es ésta la razón por la que no se pueden aceptar como válidos los resultados presentados por el ministro de Hacienda. Para que los datos sean aceptados como válidos es imprescindible que se permita la distribución libre de los resúmenes de los impuestos que elabora el Departamento de Informática Tributaria, de modo que los ciudadanos que lo deseen los analicen desde la perspectiva que quieran y contrasten sus análisis con los oficiales. Mientras la estadística básica del IRPF no se distribuya, el problema es de principios: si una institución niega el acceso a los datos básicos de los que saca sus informes es que oculta algo y, por tanto, sus informes no pueden ser aceptados como válidos.

Esta política de ocultismo puede ser muy perjudicial para un ministerio como el de Hacienda, que goza de una imagen de seriedad. Y no sólo por la credibilidad de sus cifras, sino por que el ocultismo pervierte muchas más cosas. Por poner un ejemplo, el pasado año la entidad catalana Omnium Cultural publicó el libro Catalunya i España. Una relació econòmica i fiscal a revisar, que plantea que cada catalán paga un 24% más de impuestos, recibe un 12% menos de prestaciones del Estado y, en conjunto, el balance entre lo que aporta Cataluña y lo que recibe arroja un déficit de 1.200.000 millones de pesetas. En mi opinión, el libro se basa en bastantes datos erróneos, pero a lo que pretende ir el ejemplo no es a si son erróneos o no, sino al hecho de que si hubiera una información básica clara y fiable, el libro tendría que haber partido de ella, y los que quisiéramos haber rebatido sus planteamientos podríamos hacerlo sin tener que perder muchas horas en mendigar por despachos del ministerio una información que debe ser pública y accesible.

Probablemente la mayoría de los altos cargos del Ministerio de Hacienda presuman de liberales; me permito invitarles a serlo.

Tomás Alberdi Alonso es inspector de finanzas del Estado.