Pensiones bajas pero blindadas

La paga "extra"

Las pensiones están blindadas contra las previsiones erróneas del Gobierno en materia de inflación, y eso compensa su baja cuantía. La cláusula de revisión, prevista por ley desde 1997, recoge toda la desviación que experimenten los precios y se convierte en una garantía para que las prestaciones de la Seguridad Social no pierdan el limitado poder de compra de que disponen los pensionistas. Los datos oficiales dicen que la pensión media se sitúa en 77.400 pesetas al mes, con dos pagas extraordinarias; pero ese nivel medio refleja una verdad a medias. Un estudio del gabinete técnico de CC OO desmenuza esos datos y revela que el 41% de los pensionistas cobra menos de 65.000 pesetas al mes. Eso supone que cinco millones -entre un total de 8,23 millones de titulares de prestaciones contributivas y no contributivas- perciben mensualmente entre 17.350 y 65.000 pesetas.

Para los primeros (titulares de orfandad), la paga que van a recibir para compensar la desviación de la inflación será de 5.000 pesetas, y con la subida del 2%, su pensión en 2001 se situará en 18.000 pesetas mensuales. Las personas que cobran 65.000 pesetas percibirán por atrasos 18.500, y su nueva prestación llegará a 67.665 pesetas al mes. Para las prestaciones mínimas de jubilación y viudedad, situadas en 59.990 pesetas, la paga supone 17.000 pesetas. En el caso de la pensión máxima del sistema público, 301.200 pesetas mensuales, los atrasos ascienden hasta 87.000 pesetas. En consecuencia, la paga por el error de previsión del Gobierno en relación al IPC está en función de los distintos niveles de pensiones. Los ingresos más bajos se concentrarán en los titulares de orfandad y favor de familiares, que cuentan con unas prestaciones medias de 33.000 y 40.400 pesetas al mes. Los perceptores de pensión de viudedad están en la banda media de 54.800 pesetas mensuales; los de incapacidad permanente, en 88.200, y los de jubilación, en 88.400 pesetas.

Todos ellos -8.230.000 personas- percibirán los atrasos en una paga única antes del próximo 1 de abril, que tiene un coste total para las arcas públicas de 355.000 millones.