Zapatero critica a Acebes por negar el control judicial sobre los indultos

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, recomendó ayer al ministro de Justicia, Ángel Acebes, que "tome lecciones de fundamento de la democracia y del Estado de derecho" por haber afirmado que el Tribunal Supremo no puede modificar el indulto a Javier Gómez de Liaño. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo examinará hoy la posibilidad de tratar el indulto del ex juez prevaricador y previsiblemente puede convocar una sala general para la próxima semana.

"Todos los actos del poder ejecutivo se controlan por los tribunales. Ésa es la esencia de la democracia y del Estado de derecho. Resulta insólito que haya que repetir estas cosas", afirmó ayer el secretario general del PSOE en Santiago de Compostela. "No hay ningún Gobierno inmune, no hay ningún Gobierno que no esté sometido al control de los órganos jurisdiccionales", insistió Zapatero.El líder del PSOE salía así al paso de las manifestaciones del ministro de Justicia, Ángel Acebes, en el Congreso de los Diputados, ante el que negó que el Poder Judicial tuviese posibilidad de revisar los indultos, con el argumento de que los firma el Rey.

Acebes advirtió ayer al Tribunal Supremo y al Consejo General del Poder Judicial de que deben limitarse a ejecutar el indulto: "El Poder Judicial no puede inmiscuirse en el ejercicio exclusivo del derecho de gracia por el Ejecutivo y ha de limitarse a respetar la decisión y a poner diligentemente en ejecución sus efectos", proclamó el ministro.

Sin embargo, el PSOE volverá a preguntar a Acebes en la sesión de control del próximo miércoles por el indulto concedido al ex juez prevaricador. Los socialistas consideran que Acebes, que compareció durante cuatro horas en la Comisión de Justicia e Interior, no supo contestar por qué el Gobierno ha concedido el indulto a un juez que ha prevaricado.

El secretario de Libertades Públicas del PSOE y catedrático de Derecho Constitucional, Juan Fernando López Aguilar, preguntará de nuevo a Acebes cómo ha valorado el Gobierno "las consecuencias institucionales derivadas del reingreso en la carrera de un ex juez condenado por prevaricación".

Reunión en el Supremo

Entretanto, la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo abordará hoy la posibilidad de debatir en sala general la aplicación del real decreto de indulto al ex juez prevaricador Gómez de Liaño. El tribunal que debe aplicar el real decreto de indulto está integrado por el presidente de la Sala Penal, Luis Román Puerta, y los magistrados Enrique Bacigalupo y José Antonio Martín Pallín. El primero sustituye al presidente del tribunal que juzgó a Liaño, Gregorio García Ancos, jubilado el pasado día 12, y Martín Pallín al también jubilado José Manuel Martínez-Pereda.La Sala Penal tenía acordada para hoy una reunión para debatir asuntos técnicos, en la que previsiblemente tendrá cabida la posibilidad de convocar una sala general de todos los magistrados para debatir la aplicación del indulto, y particularmente la parte del mismo que ordena al Supremo reintegrar a la carrera judicial al ex juez prevaricador. Las previsiones apuntan a que hoy no se estudiará el fondo del asunto, que quedará aplazado a la próxima semana.

Por otra parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Eugeni Gay, manifestó ayer en un encuentro con periodistas que la "solución final" al problema creado por la pretendida voluntad gubernamental de reintegrar al ex juez Gómez de Liaño a la carrera judicial "tiene que ser una solución judicial".

Gay reconoció que el derecho de gracia, aunque residual en los Estados democráticos y "más propio de las dictaduras", es competencia del Ejecutivo. El presidente de los abogados españoles no quiso pronunciarse sobre la politización, que, según él, ha producido el indulto al ex juez Gómez de Liaño. Sin embargo, Gay afirmó, desde un punto de vista estrictamente jurídico, que el conflicto producido entre el Gobierno y el Poder Judicial "tendrá que resolverlo los jueces".

El máximo representante de la abogacía española consideró que en el futuro, el delito de prevaricación judicial (dictar los jueces resoluciones injustas a sabiendas de que lo son), "debería ser juzgado por el tribunal del jurado", a pesar de que Gay, según dijo, no es partidario de la institución del jurado, "más propia", agregó, "del derecho anglosajón".