Conejos sin chistera

El Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo suscrito ayer en el Palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno y los secretarios generales del PP y del PSOE ha tenido una complicada gestación. Las negociaciones comenzaron con mal pie: tras la torpe reacción gubernamental de tomarse a chacota una propuesta de Zapatero para buscar una postura común contra la amenaza terrorista (el vicepresidente Rajoy llegó a descalificar la iniciativa como un desesperado intento de los socialistas de sacarse un conejo de la chistera), los dirigentes del PP exigieron al PSOE, como condición sine qua non para cualquier entendimiento, la previa firma de un pacto preelectoral y pusieron en duda -al ver rechazada la propuesta- la lealtad constitucional de sus interlocutores. Pero la subordinación del acuerdo contra el terrrorismo a una eventual mayoría PP-PSOE-Unidad Alavesa en las urnas significaba jugarse el futuro a una sola carta; la tendencia a la estabilidad de las dos grandes fronteras divisorias del mapa electoral vasco, esto es, los sentimientos de pertenencia (que separaran a los nacionalistas de los no nacionalistas) y las libertades y los derechos humanos (que enfrentan a los demócratas -nacionalistas y no nacionalistas- con los partidarios de ETA), merma la posibilidad de una mayoría absoluta al margen del nacionalismo moderado.La fórmula utilizada por populares y socialistas para superar sus discrepancia -toda negociación implica cesiones recíprocas- fue prescindir de las referencias explícitas al nacionalismo moderado en los diez puntos vinculantes del acuerdo; las críticas al PNV y a EA por su alianza estratégica con el nacionalismo radical quedaron desplazadas al preámbulo del documento, que recuerda cómo ambos partidos se pusieron "de acuerdo con ETA y EH" en el verano de 1998 (mediante acuerdos secretos o públicos) a fin de abandonar el Pacto de Ajuria Enea y fijar "un precio político al abandono de la violencia", esto es, "la imposición de la autodeterminación para llegar a la independencia del País Vasco". El regreso -posible y deseable- de esos dos partidos nacionalistas al consenso democrático exige lógicamente la ruptura formal con las instituciones creadas a la sombra del Pacto de Estella: el PNV y EA deben optar irremediablemente entre los defensores del derecho a la vida y los verdugos.

El marco constitucional y autonómico ha sido durante más de dos décadas -tras la larga noche del franquismo- el cauce de expresión del pluralismo de la sociedad vasca. El acuerdo PP-PSOE subraya que ese marco jurídico-político es revisable siempre que se cumplan dos condiciones: el respeto a los procedimientos de reforma establecidos y la renuncia a beneficiarse de la presión de la violencia ejercida por terceros. La afirmación de que las instituciones autonómicas han sido el "espacio de encuentro de la gran mayoría de los ciudadanos vascos" no es programática sino empírica: desde 1979 ninguna otra combinación ha logrado una mayoría tan amplia (el 90% de los votantes con una participación cercana al 60%) como el referéndum del Estado de Gernica de 25 de octubre de 1979.

Las acusaciones de frentismo lanzadas por los portavoces del PNV y de EA contra el acuerdo firmado ayer en Moncloa son una proyección psicoanalítica de sus propios deseos y fantasmas. El paralelismo es falso: mientras que el matizado documento de populares y socialistas ofrece abrirse al nacionalismo democrático sin más condición que su renuncia a la ventaja de jugar simultáneamente en un tapete diferente con el nacionalismo radical, la lógica del Pacto de Estella desemboca en la exclusión de los guipuzcoanos, vizcaínos, alaveses, navarros y vascofranceses no nacionalistas. La actual cúpula dirigente del PNV y EA no sólo pretende arrogarse el doble derecho a gobernar indefinidamente las instituciones autonómicas nacidas de la Constitución (dotadas de un presupuesto casi billonario, una hacienda concertada, 55.000 funcionarios y 7.500 policías) y a caminar de la mano de los nacionalistas radicales-sin prisas y sin pausas- hacia ese mismo espejismo de la Euskal Herria soberana que ETA utiliza como legitimadora de sus asesinatos; también parece aspirar al disparatado objetivo de que los ciudadanos vascos opuestos a la estrategia nacionalista y a su proyecto de independencia interioricen resignadamente el deber de no resistirse a la ejecución de un programa de limpieza étnica que ya ha anunciado formalmente y sin equívocos su exclusión como ciudadanos.