El PP y el PSOE se comprometen a elaborar de manera conjunta la estrategia contra ETA

El PP y el PSOE cerraron ayer el primer pacto antiterrorista de la democracia que corresponsabiliza a los dos principales partidos nacionales en la lucha contra ETA. Gobierne quien gobierne España, la banda terrorista "no extraerá de la violencia rédito político alguno", según refleja el documento. El acuerdo nace con vocación duradera y de ampliación a todas las fuerzas democráticas, incluido el PNV, si "abandona el Pacto de Estella". El acuerdo, al defender la reinserción de los presos, archiva el debate sobre el cumplimiento íntegro de las penas, y abre la posibilidad de que se reedite otro pacto en Euskadi.

Participación

Los dos partidos nacionales con posibilidades de gobernar en España han decidido unirse para plantarle cara en el terreno político a ETA, en plena ofensiva de la banda, y cubrir el vacío por la ausencia de un foro de los partidos democráticos, tras abandonar el PNV en 1998 el Pacto de Ajuria Enea. "ETA debe perder toda esperanza" de lograr ventajas políticas de sus acciones violentas. El PP y PSOE declaran, en el preámbulo del pacto, que el terrorismo es "un problema de Estado" y expresan su voluntad de "eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral" entre los dos partidos "las políticas para acabar con el terrorismo".El pacto, titulado Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo, se fundamenta en un texto de ocho folios con un breve preámbulo, que ofrece un diagnóstico de la situación del País Vasco, y diez puntos de acuerdo. En la introducción del documento se dirige un mensaje nítido al PNV, tras su deriva soberanista al abandonar el Pacto de Ajuria Enea en 1998 y suscribir el Pacto de Lizarra con otras fuerzas nacionalistas. Sólo se admitirá al PNV en el marco de la unidad de los partidos democráticos para combatir a ETA si "abandona definitivamente, mediante ruptura formal, el Pacto de Estella, y los organismos creados por éste".

El documento aclara que al PNV no se le excluye por su ideología sino por compartir foros con quienes apoyan o no condenan la violencia. "Cualquier proyecto político, incluso aquellos que pretenden revisar el propio marco institucional, debe respetar las reglas y los procedimientos por él establecidos", señala el punto 3 del acuerdo, en alusión a que el PNV puede utilizar la reforma del Estatuto y la Constitución para avanzar en sus aspiraciones, pero sin servirse de la palanca de la violencia de ETA.

Tampoco el pacto compromete a un acuerdo antes o después de las elecciones entre el PP y PSOE en País Vasco. En el texto aparecen variadas referencias al diagnóstico común de populares y socialistas en la defensa de la Constitución y el Estatuto como marco de solución a los problemas vascos, pero soslaya cualquier comentario sobre la actitud de ambos partidos ante los comicios en Euskadi.

El pacto consensuado entre socialistas y populares destaca con rotundidad que sólo podrá haber acuerdos con el PNV si rompe definitivamente con el Pacto de Lizarra, con lo que cierra una vía de acuerdo poselectoral de los partidos constitucionalistas con los nacionalistas, si éstos continúan dentro de la Asamblea de Electos Municipales.

La redacción del punto 3 y el preámbulo, referidas a las relaciones con el PNV, ha sido la faceta más controvertida de la negociación entre el PP y PSOE. Al final, ambos partidos han quedado satisfechos. "Tras este pacto, si el PNV quiere volver a la unidad de los partidos democráticos, tendrá que optar por la derrota de ETA", destacaban ayer los negociadores del PP. Desde las filas socialistas resaltaban la otra cara de la moneda del mismo pacto: la no condena de la ideología nacionalista sino tan sólo de los acuerdos con quienes apoyan al terrorismo.

Una vez aclarados los destinatarios más controvertidos del pacto, éste tasa el alcance de la corresponsabilidad entre el PP y el PSOE, con el Gobierno al fondo, en la lucha contra ETA. El documento precisa los campos de actuación común: las reformas legislativas; la política penitenciaria, la cooperación internacional, la movilización ciudadana e institucional así como "la búsqueda de posiciones conjuntas ante todos los acontecimientos que afecten a la política antiterrorista".

El acuerdo precisa que el PP y el PSOE deben establecer "una colaboración permanente" en lo referente a "impulsar conjuntamente las libertades y la política contra el terrorismo". Para ello se compromete a crear una comisión de seguimiento del pacto que integrarán representantes del PP, PSOE y el Gobierno. Con una cláusula tan precisa, el PSOE logra un grado de corresponsabilidad inédita en la lucha contra el terrorismo en España.

Los socialistas pretenden, con ello, que su respaldo leal al Gobierno en esta cuestión de Estado se vea compensada con una participación en sus iniciativas. El PSOE también trata de evitar que el Ejecutivo abuse de iniciativas unilaterales contra ETA y les margine como, a su juicio, sucedió con recientes propuestas, como la reforma legal de las medidas antiterroristas o el manifiesto contra ETA que el Gobierno presentó en la Cumbre Iberoamericana de Panamá.El pacto se detiene en un terreno que le duele especialmente a ETA: la ofensiva en el campo internacional. Y reafirma un compromiso "para reforzar nuevas iniciativas de cooperación, singularmente con Francia y la Unión Europea" así como el mantenimiento de "una actividad informativa permanente, a escala internacional, en el ámbito de las instituciones y de las organizaciones políticas y ciudadanas".

El documento también archiva un debate político abierto tras la ofensiva veraniega de ETA: la reforma de la legislación para que los terroristas cumplan íntegramente sus penas. El pacto ofrece una respuesta progresista al riesgo de que sectores sociales respondan al terrorismo con medidas involucionistas. Deja la puerta abierta a la reinserción, aunque condicionada. "La política penitenciaria contemplará las formas de reinserción de aquellos que abandonen la organización terrorista y muestren actitudes inequívocas de arrepentimiento y voluntad de resocialización tal y como establece la Constitución".

Se completa el pacto con una apelación a la movilización ciudadana como instrumento necesario para erradicar el terrorismo y el compromiso de crear una nueva y unitaria Fundación de Víctimas del Terrorismo.