Un indulto con truco

Ningún reproche merece, en principio, que el Gobierno de España haga uso cuando quiera de un privilegio tan antiguo que hunde sus raíces en el ejercicio de la autoridad, o, por decirlo con más rigor, de la primera y suprema autoridad de cualquier Estado. Lo hicieron así Gobiernos anteriores de todos los signos e ideologías, tras los que se pierde incluso la memoria histórica. Pero una cosa es ejercer el derecho de indulto en el momento que se estime oportuno por razones de política criminalística, sociológicas, humanitarias o cualquier otra análoga y otra muy distinta es que ese ejercicio se tiña de arbitrismo por la misma razón testicular que el portavoz suplente del Gobierno, Arias Cañete, tuvo la sincera desfachatez de reconocer a un amplio círculo de amigos.En el masivo indulto del pasado Consejo de Ministros -viernes, 1 de diciembre, último mes del año, del siglo y del milenio, por si el dato pudiera cubrir algo las apariencias- concurren aromas tan acres y un caldo tan turbio que están poniendo de manifiesto el previo cocimiento de un guiso elaborado a base de señuelos y apariencias en modo alguno coincidentes con la verdad. Se aplica el indulto a más de 1.400 penados, en una fantasiosa emulación del jubileo católico y su precedente vaticano de beatificar a un número análogo de mártires de la horda roja en una época que sólo los sesentones tuvimos la desgracia de vivir. De ellos, una gran parte lo integran objetores al servicio militar y habida cuenta la despenalización de este delito ante la inminente desaparición de la mili obligatoria, no parece que tengan mucho que agradecer ni ensalzar la generosidad del Sr. Aznar. Se airea que también resultan beneficiados los trujimanes de favores, negocios e influencias que en nombre del PSOE lograron su particular beneficio a costa del hundimiento político de este partido, castigado por ello en las urnas con severidad, junto a un ex alcalde conservador de la tierra de pan llevar, igualmente enriquecido gracias al poder. Dispuestos ya los componentes y aliños necesarios para preparar un buen pastel conmemorativo de la mayoría absoluta que faltaba por celebrar por todo lo alto, como preludio del "se van a enterar..." que nos prepara el Gobierno cuando comience a debatirse el Plan Hidrológico Nacional (y de las JONS) faltaba colocarle la guinda ostentosa llamada Gómez de Liaño, verdadero invitado de honor y beneficiado con el pleno al quince del multitudinario indulto.

Hace poco más de un año. Exactamente el 15 de octubre de 1999, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en una sentencia condenatoria a quien hasta entonces había ejercido como dueño de vidas y haciendas en su coto particular de la Audiencia Nacional, ponía en conocimiento público toda una trayectoria de actos elaborados con manifiesto abuso de sus competencias amparadas en la toga y las puñetas. Precisamente por ello sus compañeros del alto tribunal le mandaron a que siguiera haciendo éstas por su cuenta, tras recordarle con la finura del más depurado lenguaje jurídico que "en la aplicación del artículo 446 del Código Penal no se debe olvidar que el delito de prevaricación judicial es un delito de técnicos en Derecho y que, consecuentemente, en la motivación de las resoluciones prevaricadoras predominan los argumentos encubridores de carácter antijurídico del acto".

Pues miren por dónde, al Gobierno y más concretamente a D. José María, le parece todo lo contrario. Es decir, que Gómez de Liaño es un gran juez injustamente apartado de la carrera judicial, al que urge restituirle en el desempeño de la actividad jurisdiccional en la que tiene sobradamente demostrado que se mueve como el pez en el agua. Me queda la duda, no obstante, de si tal conclusión oculta en su interior, como una matriuska, el verdadero propósito de impedirle futuras y posibles prevaricaciones en su feudo de la Audiencia Nacional -donde aún le quedan buenos amigos- o se nos amenaza a todos los ciudadanos con el anuncio cifrado de su próximo aterrizaje en alguna de las salas del mismo Tribunal Supremo desde el que se decretó su punitiva salida de la carrera judicial.

Por si todavía podemos llegar a tiempo, sugiero que todos, creyentes y agnósticos, nos dirijamos al Papa de Roma para que disponga se rece a partir de ahora en todas las iglesias de su católica España, una addenda, petitorio o como él quiera llamarlo, por las almas y los cuerpos de quienes tengan que soportar, como auténticos pacientes, la justicia del buen juez Gómez de Liaño. Incluso en el caso de que resultaran absueltos y libres de toda responsabilidad, nadie sería capaz de explicarles por qué merecieron la pena anticipada de tener que llamar señoría a quien ya perdió definitivamente todo vestigio de señorío.

Francisco Granados Calero es miembro de la Asociación Valenciana de Juristas Demócratas.