Expedientado el juez Ruiz Polanco por una supuesta prevaricación
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer abrir expediente disciplinario por falta muy grave contra el juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco y, al mismo tiempo, remitir las actuaciones al fiscal general del Estado, por entender que puede existir delito de prevaricación en la actuación del magistrado, cuando el 12 de junio pasado puso en libertad bajo fianza de 25 millones al presunto narco Alfredo Cordero.
"Gravedad del relato"
La falta muy grave está prevista en el artículo 417.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y está referida a la "inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas". La decisión fue adoptada por unanimidad de los miembros de la Comisión Disciplinaria, según informó el portavoz del Consejo, Benigno Varela, quien, a preguntas de los periodistas, reconoció que el Servicio de Inspección del citado organismo había informado en contra, entendiendo que no existe delito en la actuación del magistrado y tampoco infracción disciplinaria, por lo que proponía el archivo de las diligencias informativas abiertas el 23 de junio.El caso que ahora se remite al fiscal general del Estado, sin embargo, ya le fue enviado anteriormente por el entonces fiscal Antidroga, Juan Ortiz Úrculo, y fue precisamente el fiscal del Estado, Jesús Cardenal, quien lo remitió al Consejo General del Poder Judicial por considerar, en aquel momento (junio de este año), que los hechos podían ser objeto de sanción disciplinaria, aunque no apreció indicios de delito.
El juez Guillermo Ruiz Polanco puso en libertad al presunto narcotraficante Alfredo Cordero el pasado 12 de junio. Éste, procesado por su relación con un alijo de casi 5.000 kilos de cocaína, aprehendidos en Tapia de Casariego (Asturias), había estado más de dos años en paradero desconocido hasta que fue detenido en febrero de este año.
Además, Cordero había contratado a finales de abril para su equipo de abogados al letrado de Pamplona Javier Morales, conocido del juez Ruiz Polanco de cuando éste estuvo destinado allí como juez de vigilancia penitenciaria.
Ruiz Polanco dictó la conclusión del sumario el 2 de junio y, al no recurrir la defensa de Cordero esa decisión, el caso dejó de estar bajo su jurisdicción ese día.
Pero el 12 de junio, el magistrado acordó la libertad bajo fianza de 25 millones de pesetas de Alfredo Cordero, quien salió inmediatamente de la cárcel tras constituir esa garantía. La Fiscalía Antidroga recurrió la excarcelación y recusó al juez Ruiz Polanco por entender que había puesto en libertad al presunto narco por amistad con su nuevo abogado.
El fiscal Antidroga, Juan Ortiz Úrculo, remitió también al fiscal del Estado una denuncia en la que explicaba la actuación del magistrado y sugería la existencia de un presunto delito de prevaricación, pero sin citarlo expresamente.
El caso pasó al juez Baltasar Garzón, quien rechazó la recusación de su colega sin entrar en el fondo del asunto. Sin embargo, Garzón entendió que cuando Ruiz Polanco puso en libertad a Cordero ya no era competente para ello, puesto que había concluido el sumario. Admitió el recurso del fiscal y ordenó la prisión de Cordero, que pudo ser detenido el 28 de junio en Vilanova de Arousa (Pontevedra) y quedó ingresado en la cárcel de esa provincia.
Garzón señalaba en el auto sobre la recusación de Ruiz Polanco que, en caso de que se revocase la conclusión del sumario, éste debería abstenerse y no debería volver a instruir esa causa. Y agregaba que en el incidente de recusación la Fiscalía Antidroga y Ruiz Polanco se habían cruzado "graves acusaciones" que a él no le correspondía resolver.
"La gravedad del relato de hechos que contiene el escrito de recusación es manifiesta y deberá ser valorada por quien corresponda", decía Garzón, y añadía: "El informe del instructor recusado de 28 de junio de 2000 contiene afirmaciones que se refieren al sumario y a miembros del Ministerio Fiscal con imputaciones graves, que, aún cuando puedan considerarse argumentos de defensa de la recusación, es lo cierto que tienen relevancia por sí mismos y pueden determinar otro alcance en una esfera procesal o sustantiva distinta, y que no corresponde decidir a este instructor". El caso vuelve ahora al fiscal del Estado para que resuelva. El juez Ruiz Polanco tiene otro expediente abierto por la Audiencia Nacional, por haber contestado al etarra Harriet Iragi: "Si yo no fuera juez y usted no estuviera esposado, le daría dos hostias", cuando el terrorista le amenazó de muerte.
