Constituida una plataforma cívica de oposición al túnel de Bracons
Las entidades y partidos políticos contrarios a la construcción del túnel de Bracons presentaron ayer en Olot (Garrotxa) una plataforma que agrupa a los partidos ERC, IC-V, Alternativa Verda y Ciutadans pel Canvi, junto a otras entidades cívicas y naturalistas, encabezadas por Salvem les Valls. El objetivo es impedir la infraestructura viaria que configurará el eje Vic-Olot porque consideran que repercutirá negativamente en el territorio y supondra, de llevarse a cabo, un gran impacto ecológico. Las organizaciones contrarias a la nueva vía rápida pretenden presentar un recurso contencioso administrativo contra la aprobación por parte del consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Pere Macías, del expediente de información pública y del estudio de impacto ambiental relativo al proyecto.
La nueva plataforma pretende movilizar a la opinión pública en contra del proyecto poniendo en tela de juicio tanto la necesidad de la carretera como la corrección de los trabajos técnicos previos llevados a cabo hasta ahora.
Los opositores al túnel de Bracons mantienen que el estudio económico en el que la Generalitat fundamenta la necesidad de la carretera elude el coste ambiental que tendrá la vía. En cambio, no tiene en cuenta los beneficios que podrían obtenerse en la zona invirtiendo los más de 40.000 millones de pesetas en que se presupuesta el eje Vic-Olot en otro tipo de servicios e infraestructuras.
El diputado de ERC en el Parlament Pere Vigo dijo ayer, durante la presentación de la plataforma, que el proyecto que se pretende llevar a cabo supondría la marginación del Ripollès y que no comportaría ningún beneficio para la Garrotxa. Al contrario, podría suponer un grave perjuicio para la comarca ya que la nueva carretera constituiría una vía de tráfico pesado hacia el resto de Europa. "Sería un certificado de defunción para la Vall d'en Bas", dijo Vigo. Los representantes de la plataforma no hicieron públicos ayer los argumentos en los que basarán el contencioso administrativo contra el proyecto.
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