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EL GOBIERNO CONCEDE 1.443 INDULTOS

Jueces para la Democracia califica el indulto de "burla a la justicia"

Las asociaciones de jueces y fiscales consideran que el indulto concedido al juez Javier Gómez de Liaño es una decisión política y en general lo ven como el favor que se hace a un amigo que le ha defendido previamente a uno. Aunque lógicamente hay diferencias entre unas asociaciones y otras, todas se muestran sorprendidas por el elevado número de indultos y lo critican porque las medidas de gracia deben ser concedidas de forma excepcional.

Monserrat Comas, portavoz de Jueces para la Democracia, calificó de "burla a la justicia" el indulto de Liaño. La magistrada considera que el Ejecutivo se ha extralimitado en sus funciones. Por un lado, entiende que la concesión de 1.443 indultos supone una injerencia del Gobierno en las decisiones de los tribunales y, por otro, la decisión de reintegrar a Gómez de Liaño a la carrera judicial, "en puridad, constituye una invasión de competencias, puesto que el único órgano competente para el nombramiento de jueces es el Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno no tiene competencias para nombrar juez al señor Liaño una vez expulsado de la carrera".Comas agregó que a su juicio es "una irresponsabilidad la decisión de reincorporar al puesto de juez a un condenado por el Supremo por el delito más grave que puede cometer en el ejercicio de su función jurisdiccional" y anunció que Jueces para la Democracia comunicará al ministro Acebes su postura contraria al indulto de Liaño.

Además, precisó que el Gobierno no puede conceder el indulto para una pena que ya se ha cumplido, puesto que la sentencia de Liaño ya se había ejecutado y ya había sido separado de la carrera judicial.

La portavoz de Jueces para la Democracia también criticó la condición impuesta en el decreto de indulto de que Liaño no pueda volver a la Audiencia Nacional en 25 años. "Resulta contradictorio que se considere que Gómez de Liaño no es apto para ocupar un puesto en la Audiencia Nacional y que sí lo es para ocuparlo en otra jurisdicción, como si hubiera ciudadanos de primera y de segunda categoría".

Como una amnistía

José Luis González Armengol, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, equiparó la medida de gracia concedida por el Gobierno con una amnistía y señaló que "la apariencia es que este indulto global viene a enmascarar el indulto estrella de Liaño. Era una patata caliente que tenía el Gobierno y han aprovechado para dictar indultos casi generales".González Armengol calificó el indulto de Liaño de "muy peculiar" por la afinidad del indultado con la postura del Gobierno y porque "se puede indultar total o parcialmente la pena, pero no se entiende que se incluya una limitación que no venía en la sentencia, como es que no pueda ejercer la función jurisdiccional en un órgano concreto".

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El magistrado criticó también la justificación de los indultos -el cambio de milenio, el año jubilar y el 22 aniversario de la Constitución- y señaló: "Para conceder indultos no hace falta esperar actos festivos, como si fuera un aniversario de boda".

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Luis Requero, afirmó que con los indultos "parece que se quiere hacer tabla rasa del pasado y compensar un caso por otro, solapar el caso Liaño con el caso Filesa". Requero dijo que se alegra por Liaño, pero que es lógico que no pueda regresar a la Audiencia Nacional. "Allí se produjo el delito y no parece razonable que vuelva. Eso quitará tensión a la Audiencia", precisó.

Santiago Martínez Vares, presidente de la APM, puntualizó, a título personal, que recibe "con alegría a un compañero que salió de la carrera en unas condiciones muy tristes". No obstante y ante los 1.443 indultos concedidos recordó que los indultos generales están prohibidos por la Constitución.

Adrián Salazar, portavoz de la Asociación Progresista de Fiscales, afirmó que las medidas de gracia deben ser muy excepcionales y que no deja de ser sorprendente el elevado número de indultos concedidos. "Parece que se ha intentado meter el de Liaño dentro de un montón", que por otro lado "tampoco parece cumplir los requisitos para ser indultado y es una decisión política que afecta a un juez que favoreció los intereses del Gobierno en relación con Sogecable".

Salazar criticó las razones expuestas por el ministro Acebes y recordó que "el delito cometido por Liaño sigue existiendo a pesar del indulto, sólo se ha perdonado la pena"

José Antonio Martín-Caro, portavoz de la Asociación de Fiscales también expresó su sorpresa por los indultos concedidos, pero no quiso valorar la decisión del Gobierno por formar parte de sus prerrogativas.

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