Los funcionarios rechazan la nueva propuesta salarial del Gobierno

Los funcionarios públicos recibieron ayer una propuesta del Gobierno para compensar la pérdida de poder adquisitivo que les supone el incremento del 2% en sus salarios para 2001, cuando la inflación ha alcanzado ya el 4%. El Ejecutivo propuso crear un fondo adicional vinculado a los objetivos económicos del Gobierno que se sumaría al sueldo de los funcionarios. Es decir, los funcionarios recibirían un complemento salarial si se cumplen los objetivos económicos del país.Los sindicatos rechazaron inmediatamente la propuesta por inconcreta y lejana en el tiempo. El secretario de Estado para la Administración Pública, Ignacio González, que participó en la reunión, no especificó qué objetivos económicos serían ésos ni qué criterios se tendrían en cuenta para premiar a los funcionarios con un extra salarial. "No hemos prejuzgado cómo se materializaría, porque lo queremos ver con los sindicatos", señaló González.

Uno de los principales problemas de esta propuesta es, según las centrales, que afectaría sólo a los funcionarios de la administración central y excluiría a los de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. El secretario de Estado no confirmó esta limitación.

En cualquier caso, estas medidas no podrían aplicarse antes de la segunda mitad de 2001, ya que la consecución de objetivos económicos se estudiaría durante el primer semestre del año próximo. "Es una provocación mayor dar por cerrado el ejercicio 2000, con lo que el conflicto se hace inevitable", aseguró Carlos Sánchez, de CC OO. Los sindicatos mantendrán la huelga general para el 14 de diciembre "a no ser que el Gobierno rectifique". Un preludio de esta jornada de protesta se produjo ayer en Barcelona, donde miles de funcionarios (10.000, según los sindicatos y 4.000, según la Guardia Urbana) se manifestaron por el poder adquisitivo de sus salarios.

Diciembre será un mes plagado de movilizaciones. La huelga general del día 14 vendrá precedida el día 13 por manifestaciones en todas las capitales de provincia para para reivindicar un "trabajo digno y seguro".

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