Un año sin tregua sume a Euskadi en la desesperanza

Un año después de que ETA anunciara la ruptura de la tregua -lo hizo el 28 de noviembre de 1999 para su entrada en vigor el 3 de diciembre siguiente- rompiera la tregua que mantuvo durante 15 meses, el País Vasco se encuentra inmerso en la desesperanza que ha provocado la cruda ofensiva total desatada por la organización terrorista. 21 asesinatos que han sumido a España en una situación política aún más crispada que la reinante antes del alto el fuego. La radicalización social junto a una situación de provisionalidad son las características del momento político actual, en el que, bajo la presión de la violencia, están en juego cuestiones vitales como el alcance de un pacto antiterrorista y la alianza política que podría sustituir a la que mantiene actualmente a Juan José Ibarretxe al frente de un Gobierno vasco en minoría. Un Ejecutivo que se resiste a ceder a la presión de la oposición para que convoque elecciones y cierre definitivamente el ciclo político iniciado tras la tregua y roto por ETA. El miedo al PP, que ha basado su estrategia antiterrorista en provocar la alternancia del nacionalismo y alcanzar la presidencia del Gobierno vasco, agarrota al lehendakari. Nadie ve hoy la salida del laberinto.La ofensiva etarra ha causado desde la quiebra del alto el fuego 21 muertos y ha provocado estragos sociales y morales sin precedentes. La nueva ETA ha vuelto por sus fueros: reforzada por la savia nueva de jóvenes radicales, ha tratado de recuperar su papel político de vanguardia del movimiento independentista, que durante la tregua llegó casi a arrebatarle Euskal Herritarrok (EH), la plataforma electoral de Herri Batasuna. Y se ha erigido en vigía no sólo de la izquierda abertzale, que lo ha sido siempre, sino del conjunto del nacionalismo vasco al atribuirse el papel de intérprete de la fórmula en la que debía concretarse el acuerdo de construcción nacional alcanzado por los partidos nacionalistas con el Pacto de Lizarra, suscrito el 12 de septiembre de 1998, cuatro días antes de que la banda anunciara la tregua.

Paralelamente a su papel dirigente y de vigía sobre el nacionalismo, ETA ha tratado con su regreso a los atentados de desestabilizar, atemorizar y someter a toda la población, y especialmente a la no nacionalista, mendiante los asesinatos y la violencia callejera.

Sin embargo, esta ofensiva total contra los poderes del Estado y los poderes políticos, económicos, jurídicos y mediáticos, lejos de provocar un sometimiento de la población que se siente amenazada, ha estimulado una reacción incipiente de rebelión contra este tipo de fascismo. Aunque aún tímido, este movimiento social y espontáneo ha ido creciendo con el paso de los meses, como se ha evidenciado con el impulso que han adquirido movimientos sociales y pacifistas, entre ellos el formado por intelectuales y víctimas como ¡Basta ya!, que han logrado movilizar a miles de personas en contra de la violencia terrorista. El éxito de las dos manifestaciones convocadas en San Sebastián -en la primera, en febrero pasado, los manifestantes se enfrentaron a todo tipo de provocaciones, y la segunda, celebrada en septiembre, fue multitudinaria como pocas de las que se han celebrado en la capital guipuzcoana- son reflejo de esta paulatina reacción popular.

Las consecuencias políticas del retorno de ETA a la violencia también han sido devastadoras para el mundo nacionalista. Éste se encuentra en una de sus tesituras más críticas. Está más necesitado que nunca de definirse entre la realidad que supone el Estatuto pactado en la transición y la utopía de la independencia. La estrategia soberanista en la que se había embarcado el nacionalismo moderado -PNV y Eusko Alkartasuna (EA)- para alcanzar una alianza que, además de superar el marco estatutario proporcionara a ETA la coartada para admitir que ha llegado el momento de poner fin a la violencia, ha quedado paralizada. Esta marcha atrás impuesta por la banda terrorista ha provocado dentro del PNV una profunda división entre los partidarios del soberanismo apoyados por Xabier Arzalluz y quienes ven en esta estrategia una deriva que sólo lleva al fracaso del nacionalismo y a su pérdida del espacio del centro político.

Los sucesivos asesinatos obligaron al PNV y al lehendakari a admitir, paulatinamente, que el Pacto de Lizarra, inicialmente congelado, había sido un fracaso y era un ciclo terminado. Pero en sus dirigentes persisten las dudas sobre qué alternativa tiene esta apuesta lanzada ante el compromiso de tregua de ETA.

Conscientes de que sólo les queda como posibilidad real el acercamiento al Partido Socialista de Euskadi (PSE), con el que ya ha gobernado, los peneuvistas han tanteado durante estos meses a los socialistas utilizando la conexión rehabilitada entre Arzalluz y el ex presidente del Gobierno Felipe González. Un movimiento que ETA trató de boicotear con el asesinato del portavoz socialista en el Parlamento vasco, Fernado Buesa, al que siguieron atentados, alguno fallido, contra otros destacados dirigentes o militantes como José Luis López de Lacalle, Juan María Jaúregui, José Ramón Recalde y, el pasado día 21, Ernest Lluch, ejemplo este último de socialista partidario de la vía del diálogo entre nacionalistas y socialistas, una "tercera vía" que no tiene cabida en unos momentos de enfrentamiento total, como quiere la banda armada.

El asesinato de Lluch ha podido, sin embargo, conseguir el efecto contrario al que ETA pretendía. Si con su asesinato buscaba romper puentes con el nacionalismo y acallar una voz proclive a explorar en el terreno de las terceras vías, también ha provocado un gran debate político sobre la importancia de definir la utilidad de un diálogo y la necesidad de recomponer las alianzas entre los partidos.