La oposición exige que Mayor explique la carga policial contra pacifistas

La carga policial del domingo en las escalinatas del Congreso de los Diputados contra un grupo de manifestantes que pedía la abolición de la deuda externa concitó ayer la crítica unánime de la oposición y de los sindicatos. La izquierda ha pedido explicaciones al ministro del Interior. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Javier Ansuátegui, ordenó una investigación sobre lo ocurrido. Mientras, el mando policial responsable del operativo desplegado para controlar la manifestación fue ayer apartado temporalmente del servicio.

"La imagen es vergonzosa: la policía golpeando a ciudadanos pacíficos que ejercen el derecho de manifestación; es una deriva hacia el pasado", sentenció Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida, tras su primera reunión con el secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, para iniciar una nueva etapa de colaboración y acción común. Fidalgo apostilló que la "dureza con la que la policía reprimió a los pacifistas es una muestra de la derechización de la política del Gobierno". Ambos coincidieron en que la carga policial del domingo es "un síntoma más del creciente autoritarismo del Gobierno del PP", que confunde "los conflictos sociales con problemas de orden público, y sólo sabe afrontarlos desde la represión". Izquierda Unida pidió el "cese inmediato" del delegado del Gobierno, Francisco Javier Ansuátegui, por la forma "predemocrática y represiva" con la que exigió a los manifestantes que abandonaran las escalinatas del palacio de San Jerónimo.

Éste, a su vez, ordenó la apertura de un expediente informativo para aclarar el suceso, que concluyó con 24 heridos y siete detenidos, que ayer prestaron declaración y fueron posteriormente puestos en libertad. La manifestación debía transcurrir entre las plazas de Cibeles y Atocha en Madrid pero, a su paso por la plaza de Neptuno, un grupo se saltó el cordón policial y se dirigió hacia las escalinatas del Congreso de los Diputados con el propósito de colocar una pancarta. Según la Delegación del Gobierno, la policía les avisó por megafonía de que no podían sentarse en las escalinatas, ya que el Código Penal prohíbe permanecer ante la puerta del Congreso. Como lo hicieron, cargó contra ellos. Según la investigación policial, los manifestantes pretendían "empapelar por sorpresa" un "emblemático edificio público" durante su marcha.

El PSOE pedirá mañana explicaciones al ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, por la "represión desproporcionada" de esta manifestación. El Grupo Socialista en el Congreso sustituyó ayer una pregunta sobre seguridad vial por la siguiente: "¿Qué instrucciones se dieron a la policía que causaron la represión desproporcionada en la manifestación que tenía lugar el pasado día 26 ante el Congreso de los Diputados, en la que se reclamaba la abolición de la deuda externa?". La diputada Leire Pajín, que planteará la pregunta al ministro, destacó que la carga policial recuerda otra época: "Una que muchos no hemos vivido y que no queremos vivir". Pajín subrayó que los manifestantes que sufrieron la carga policial eran pacifistas.

El senador socialista Juan Barranco aseguró que Ansuátegui cargó en Madrid contra los pacifistas como lo hacía en Pamplona contra la kale borroka, cuando era delegado del Gobierno en Navarra. Desde la Asamblea de Madrid, el responsable en temas de seguridad del PSOE, Óscar Iglesias, pidió al Gobierno regional que "haga algo para defender los derechos de los ciudadanos que se manifiestan en Madrid". Iglesias sugirió al presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, que inste a Ansuátegui para que "deje de apalear" a los ciudadanos o que pida al ministro del Interior el cese inmediato del delegado del Gobierno.

Los manifestantes, convocados por la Red Ciudadana de Abolición de la Deuda Externa (RCADE), presentaron ayer una denuncia contra la carga policial. Este grupo recabó el 12 de marzo, en mesas a la salida de los colegios electorales, más de un millón de firmas en favor de la condonación de la deuda de los países en desarrollo.