Visto para sentencia el juicio a 'los Albertos' en la venta de solares de KIO

Ayer quedó visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra Alberto Cortina, Alberto Alcocer, Rafael Montes y Álvaro Álvarez Alonso por el presunto reparto engañoso del resultado de la venta a KIO de la sociedad Urbanor, propietaria del solar de Plaza de Castilla de Madrid, donde se construyeron las torres inclinadas.El letrado de Álvarez Alonso, Carlos Aguilar, utilizó su alegato final para acusar al fiscal, Emilio Valerio, de actuar de forma arbitraria y con "pasmosa frivolidad" en relación con su defendido y por el mantenimiento de su tesis en el escrito de acusación. Aguilar hacía alusión al mantenimiento de la petición de pena de 4 años, 2 meses y 1 día para su defendido, que es la misma que se pide para el resto de acusados, después de que el fiscal rebajara su solicitud inicial de seis años de cárcel y eliminara la agravante de múltiples perjudicados, lo que descarta la elevación a 10 años del plazo de prescripción del delito.

Recordó que Álvarez Alonso fue imputado después de 9 años de producirse los hechos, y añadió que de no haber "olvidado" el fiscal formular antes del juicio una petición alternativa (por aplicación del Código Penal más ventajoso para los acusados), la prescripción ya se hubiera resuelto, lo que le habría ahorrado al financiero la "pena de banquillo" que ha tenido que soportar por comparecer en la vista.

El defensor de Rafael Montes, Horacio Oliva, solicitó la libre absolución de su cliente. Oliva criticó duramente la falta de coincidencia entre las acusaciones en la calificación de los hechos, ya que mientras el fiscal y una de las partes consideran que hubo una apropiación indebida, el resto señala que hubo estafa (por lo que solicitan 6 años de cárcel), siendo éstos dos tipos penales muy diferentes entre sí, según el letrado.

Durante la lectura de su informe definitivo en esta vista, el fiscal indicó que había quedado probado que los acusados obtuvieron un "sobreprecio" en la venta de sus acciones de Urbanor coincidente con lo que los accionistas minoritarios dejaron de percibir (4.084 millones), como consecuencia del pago a estos últimos a razón de 150.000 pesetas el metro cuadrado de suelo, cuando el contrato con KIO fijaba el precio en 231.000 pesetas el metro cuadrado. Las acusaciones particulares consideraron que hubo asimismo estafa.