Contra la impunidad de las imprudencias

Casos pendientes

Jueves, 20 de julio de 2000. Daniel Sandoval Castillo, 17 años, aplicado estudiante de BUP, ciclista incansable, pedaleaba, como muchas otras veces, por la carretera que une Llíria y Náquera. Le acompañaban su hermana melliza y dos amigos. Circulaban por el arcén. A las 10.40 un coche que venía en sentido contrario cruzó la calzada y embistió a Daniel. Murió en el acto. Uno de sus compañeros se recupera todavía de las heridas. El juicio aún no se ha celebrado y según el sumario el atropello se califica de falta no grave."Nada podrá devolverme a mi hijo. La nuestra es una familia rota para siempre. El dinero de la indemnización me produce una amargura terrible. Todo ocurrió en un tramo con mucha visibilidad, parece que el conductor del coche se distrajo con el móvil o con la radio. Pero no puede ser que se califique de falta no grave. Ha habido un muerto. ¿Cómo puede un juez limitarse a sentenciar, como han hecho en otros casos, una suspensión del carné de conducir, una multa y, como mucho, algún arresto domiciliario?" Virtudes Castillo, madre de Daniel, reclama justicia, quiere que jueces y fiscales se impliquen mucho más en este tipo de causas.

Más sensibilidad

Para convertir en una sola voz las reclamaciones de quienes han sufrido las consecuencias de accidentes de tráfico se implantó en Valencia, el pasado mes de agosto, la delegación de la asociación Ayapat (Ayuda a afectados por accidentes de tráfico). Su presidenta, Lidón Reboll López, perdió a su hijo de 12 años en 1985 cuando un vehículo embistió su coche invadiendo el carril contrario mientras circulaban por la pista de Ademuz. "La asociación se ha creado para estar más cerca de los afectados y luchar todos juntos. Tenemos que comprometernos, salir del dolor para impulsar cambios y reclamar justicia. Pero nosotros somos los primeros que tenemos que avanzar", dice.

Ayapat ha iniciado en toda España una campaña de recogida de firmas (son necesarias 500.000) para presentar ante la mesa del Congreso de los Diputados una proposición no de ley que podrían hacer suya los grupos de Izquierda Unida y PSOE. En esa proposición se recoge un endurecimiento de las penas por imprudencia en la conducción con el objetivo, según Reboll, de "proteger de forma efectiva el derecho a la vida de todos". Además, la proposición incluye una adaptación de las sanciones al potencial de matar que implican las infracciones de tráfico, mayores medios y controles para prevenir accidentes y políticas orientadas a promover un mayor respeto a discapacitados, peatones y ciclistas.

En diversos tribunales valencianos están pendientes de ser emitidas sentencias sobre casos de imprudencia al volante que han tenido consecuencias mortales. Familias rotas esperan que los magistrados tengan en cuenta la consecuencia de las imprudencias y no solamente la dimensión estricta de las mismas.Jesús Martínez aún no sabe si el causante del fallecimiento de un familiar, que tiene en su expediente otras dos muertes por conducir de forma imprudente, será juzgado por faltas o por delito. María José Rubio, cuya hija y una amiga murieron en Benicàssim por la temeridad de un conductor, están en la misma situación. Por ahora no saben cuál será la pena que caerá sobre el responsable de un accidente de consecuencias mortales provocado por una conducción temeraria.

Todos reclaman un severo castigo para los conductores que han segado la vida de sus seres queridos. Pero lo cierto es que, como afirma el fiscal jefe de Valencia, Enrique Beltrán, "la mayoría de estos casos se ven por la vía de faltas porque los juicios son más rápidos y las familias cobran antes la indemnización". Las diferencias entre una y otra consideración son sustanciales. El artículo 142.1 del Código Penal, señala: "El que por imprudencia grave causare la muerte a otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años".

Y, en el punto dos del citado artículo indica: "Cuando el homicidio imprudente sea cometido utilizando un vehículo a motor, un ciclomotor o un arma de fuego, se impondrá asimismo, y respectivamente, la pena de privación de derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años".

En cambio, el artículo 621 sobre Faltas y sus Penas indica en el punto primero: "Los que por imprudencia grave causaren alguna de las lesiones previstas en el apartado 2 del artículo 147, serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses". Y, en los puntos dos, tres y cuatro recoge: "Los que por imprudencia leve causaren la muerte de otra persona, serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses. Los que por imprudencia leve causaren lesión constitutiva de delito, serán castigados con pena de multa de 15 a 30 días. Si el hecho se cometiera con vehículo a motor o ciclomotor, podrá imponerse además, respectivamente, la privación de derecho a conducirlos por tiempo de tres meses a un año".

"Como puede verse", indica el fiscal jefe de Valencia, "no es una cuestión de endurecimiento de las penas sino de cuál de las dos vías se elige. Es muy delicado porque presionar hacia uno u otro lado significa invadir la independencia de los jueces. Son ellos quienes deben decidir. Pero debo decir, como lo he hecho no hace mucho al colectivo de fiscales de Valencia, que tal vez debamos todos ser más sensibles en estos casos. Juzgamos el hecho, la imprudencia en sí misma. Deberían tenerse en cuenta las consecuencias. Es una cuestión de sensibilidad, de respeto a todos los derechos sin menoscabo de ninguno".Las familias afectadas, muchas de ellas afiliadas a la asociación en sus delegaciones de Barcelona, Sevilla, Alicante, Ibiza, A Coruña, Madrid, Palma de Mallorca, Valencia, Valladolid y Zaragoza, perseveran en busca de un justo castigo en muchos casos aunque ello suponga una apelación detrás de otra.

"Es indignante que alguien pueda ponerse ante tí, sin temblarle la voz, y multar con meses de suspensión de carné a quien ha matado a tu hijo. No se puede consentir. Claro que un error lo podemos tener todos. Pero hemos de ser consecuentes y pagar por nuestras infracciones en función de las consecuencias, especialmente cuando estamos hablando de vidas humanas. ¿O es que mi hijo sólo vale la retirada del permiso de conducir para el hombre que lo mató? ¿Eso vale la vida de cualquier ser humano? Que me contesten los jueces, que también conducen, son padres, madres y hermanos", dice Lidón Reboll.

Ayapat se propone aglutinar a las personas que sufren las consecuencias de accidentes de tráfico, bien por las lesiones físicas o psíquicas que les ha provocado, o por la pérdida de algún familiar. "Queremos ser un referente, facilitar en lo que podamos todos los trámites que deben afrontar los afectados, influir en las políticas educativas y divulgativas que se desarrollen para mejorar la conducción y reclamar una justicia comprometida, que no deje el amargo sabor de boca que produce ver cómo los culpables se escapan de su responsabilidad", afirma Reboll. Para ella, que pese a los años transcurridos no puede evitar las lágrimas al referirse a su hijo, lo importante es "concienciar a la sociedad, y por tanto a abogados, jueces y fiscales, de los peligros que encierra la conducción". Reboll insiste, además, en que la indemnización es la peor compensación para la familia. "Nuestras reivindicaciones no son económicas. No hay dinero que alivie la pena ni te devuelva a un ser querido".