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Las leyes sobre discapacitados no se aplican, según la ACIDH

La llamada ley de integración social de los minusválidos (LISMI), aprobada en 1982 por el Parlament, se aplica poco y de manera muy distinta en cada una de las comunidades autonómas.Según esta ley, se exige al menos un 30% de disminución psíquica para poder introducir laboralmente a un discapacitado. La Asociación Catalana de Integración y Desarrollo Humano (ACIDH) dio a conocer, durante unas jornadas sobre Inteligencia límite celebradas en Barcelona, que se propone modificar esta ordenanza haciéndola aplicable a discapacitaciones del 10% en adelante.

En el debate de ayer participaron diversos políticos, cada uno en representación de un partido, para expresar su apoyo a la propuesta de crear un nuevo marco que cambie la legislación actual y facilite la inserción laboral de estas personas con "inteligencia límite".

Según la diputada, Reyes Montseny, este colectivo de discapacitados suele caracterizarse por su tenacidad y capacidad de superación. La directora de ACIDH, Montserrat Baró, dijo que los discapacitados necesitan "un apoyo especializado y no que se les ponga la etiqueta de disminuidos". Añadió que la educación infantil que reciben los afectados de retraso mental debería aplicarse hasta los seis años, y no hasta los cuatro como sucede en la actualidad.

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