El atentado de los GRAPO se produce sólo ocho días después de la captura de su cúpula en París

La policía está convencida de que el asesinato del policía Francisco Javier Sanz Morales es "una respuesta, una represalia o como se quiera llamar" de los GRAPO a la detención en París de sus siete máximos dirigentes, incluido el histórico Manuel Pérez Martínez, camarada Arenas, el pasado día 9. El golpe al comando central operativo de los Grupos de Resistencia Antifascistas Primero de Octubre, asestado por la policía francesa en colaboración con la Guardia Civil, ha sido respondido sólo ocho días después por dos de los cinco terroristas que, según fuentes policiales, conserva en activo la banda.

Activistas que quedan

Los GRAPO mantienen en activo, a pesar del golpe propinado a su cúpula en París, a un pequeño comando itinerante con un máximo de cinco personas. El grupo estaría supuestamente integrado, entre otros, por Jorge García Vidal, Marcos Martín Ponce, Israel Torralba Blanco y Esther González Ilaraz, según fuentes de la lucha antiterrorista. Los dos últimos participaron supuestamente en el asalto a un furgón blindado en Vigo, el 8 de mayo, en el que murieron dos guardias jurados.La desarticulación prácticamente total del comando central operativo de los GRAPO hace pensar a los responsables de la lucha antiterrorista que la banda puede iniciar "una lenta agonía" hasta convertirse en una organización "residual pero incómoda por los zarpazos que puede dar". El día en que fue desarticulada la cúpula de la organización, las fuentes del Ministerio del Interior consultadas aseguraron que los activistas que quedaban en activo intentarían hacerse notar lo antes posible. "El asesinato ha sido claramente esa respuesta", rubricaban ayer fuentes de la lucha antiterrorista.

Denuncia contra Cotino

Los GRAPO sólo dispondrían ahora de "tres o cuatro activistas, cinco como máximo", que están especializados en atracos para la "recuperación de fondos". Ese último reducto estaría formado por miembros de movimientos radicales y "delincuentes comunes", quienes tendrían "poca capacidad" para atentar, escasa infraestructura, apenas armas y una mínima base social. Una pistola les ha bastado para volver a matar.La cúpula de la banda quedó deshecha tras la detención en París y tres ciudades de la periferia de la capital francesa de Manuel Pérez Martínez, camarada Arenas, máximo dirigente de los GRAPO; Isabel Llaquet Baldellou, miembro del comité central; Fernando Silva Sande, jefe del comando central; María Victoria Gómez Méndez, José Luis Elipe López, presunto jefe de los comandos; José Antonio Peña Quesada, responsable de las finanzas, y la esposa de este último, Rosario Llobregat Romero.

El asesinato de ayer, que eleva a 83 el número de víctimas mortales de la banda, es el primero que la banda comete en Madrid desde que el 4 de octubre de 1988, día en el que asesinaron a otro policía que prestaba servicio en una oficina de expedición del DNI, donde sustrajeron casi 500 documentos para falsificar. En aquella ocasión, como ayer, los terroristas arrebataron el arma reglamentaria a su víctima.

El asesinato de Sanz Morales levantó ayer una oleada de críticas de los sindicatos policiales contra el director general de la Policía, Juan Cotino, al que reprochan el haber implantado, dentro del Programa Policía 2000, la policía de proximidad o de barrio, ya que los agentes adscritos a estas unidades patrullan en solitario.

La reacción más virulenta fue la del Sindicato Unificado de Policía (SUP), del que era afiliado Sanz Morales, quien ha anunciado que emprenderá acciones judiciales contra los responsables policiales "por si hubiera alguna responsabilidad penal en esta muerte" de cualquiera de los máximos responsables de la Dirección General de la Policía, según Bernardo Bravo, dirigente del citado sindicato."En España, con la lacra del terrorismo, hacer que los policías patrullen en solitario es hacerles correr riesgos innecesarios, porque son un blanco fácil", precisó Bravo. Éste anunció que en los próximos días presentará una denuncia contra los responsables policiales en el juzgado de guardia o bien el sindicato se personará como acusación particular en la causa abierta por este asesinato en la Audiencia Nacional por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Guillermo Ruiz Polanco.

La Unión Federal de Policía (UFP), por su lado, exigió ayer la retirada inmediata de las patrullas unipersonales en la policía "ante la realidad social que vive nuestro país con la lacra del terrorismo". En la misma línea, la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU) aseguró que el crimen "ha sido la crónica de una muerte anunciada", puesto que el programa Policía 2000 deja "indefensos" a los agentes.