BALANCE DEL PRIMER AÑO La jornada laboral de 35 horas, un esfuerzo colectivo
Hace ahora un año se implantó en la Administración General de la Junta de Andalucía la jornada de las 35 horas, tras el acuerdo alcanzado por la Consejería y las organizaciones sindicales. Por ello, parece ahora del mayor interés poner en marcha los mecanismos necesarios para evaluar los beneficios derivados de dicho acuerdo. Haciendo algo de historia, recordaremos que se plasmó como una medida generadora de empleo y para promover la calidad de los servicios públicos. La Junta de Andalucía, como una administración progresista que busca procurar siempre la satisfacción de los administrados a los que se debe, inició ese largo camino con la determinación que era precisa para conseguir una Función Pública ágil, eficaz y moderna.Nos empeñamos desde esta Consejería en buscar, junto a los sindicatos, un acuerdo que nos situara en una nueva andadura, cuando aún estaban calientes los rescoldos de las movilizaciones obreras en Francia y los sindicatos europeos apoyaban la reivindicación de las 35 horas semanales.
Mientras, el Gobierno central hacía caso omiso de tales movilizaciones y se cerraba a discutir o plantearse tan siquiera el debate sobre su idoneidad o cualquier otra alternativa, acusando a la Junta de Andalucía de promover una medida "electoralista". Sus críticas llegaron incluso a poner en duda que la medida consiguiera verdaderamente crear empleo, cuestionando sin base alguna las "vías de imposición" que, según los populares, se ejercían para llegar a las 35 horas semanales.
Pero esta actitud cerril del PP comenzó a cambiar en poco tiempo para empezar a mostrar sin tapujos su "interés" en implantar el modelo de las 35 horas semanales en las administraciones regidas por su partido. El ejemplo más cercano es el del Gobierno de la comunidad de Castilla-León. La Junta de Andalucía comienza organizando una Mesa Sectorial de Negociación de Administración General, en la que se canalizan las propuestas, se armonizan los debates y se materializa el acuerdo. El 17 de febrero de 1999 la Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales firman el acuerdo para la reducción de la jornada laboral.
Se pretendía con dicho acuerdo principalmente la creación de empleo, la racionalización de los recursos humanos, la mejor capacitación y formación de los empleados públicos y la ordenación de sus carreras administrativas. Todo ello encaminado a una nueva organización de la Administración andaluza que la sitúe a la altura de lo que los ciudadanos demandan en este nuevo siglo. El propio acuerdo establecía una serie de prioridades, entre las que figuraba reforzar algunos servicios garantizando la prestación directa de los mismos, especialmente en aquellas áreas más sensibles y cercanas para los ciudadanos como son Asuntos Sociales, Educación y Medio Ambiente.
Como consecuencia de todo este proceso, en la Administración andaluza se crearon a través de la Oferta Pública de Empleo 1.120 plazas de laborales y 1.190 de funcionarios como nuevos puestos de trabajo.
No obstante, la implantación de las 35 horas no era sólo un reto para la Administración andaluza, que lo asumió como pionera en toda España, sino que obligaba también éticamente a los demás firmantes a otros esfuerzos y compromisos no escritos, pero no por ello menos vinculantes. Está claro que si la medida tenia éxito, como se ha demostrado, este acuerdo tendría que ser un primer paso que sirviera de impulso para extender las 35 horas semanales a otros sectores y otras administraciones públicas.
En este aspecto las organizaciones sindicales tienen mucho que decir y mucho camino por recorrer a través de la reivindicación sindical en todos los sectores productivos donde sea posible implantarlo y tengan representatividad, haciendo posible con ello la extensión de sus beneficios y el aumento de los puestos de trabajo.
No sería justo dejar de mencionar también el reconocimiento a los propios empleados públicos que han contribuido al esfuerzo inversor de la Administración andaluza, con su formación, su conocimiento de las nuevas tecnologías y su adaptación a los nuevos horarios, que en muchos casos les ha supuesto una mayor permanencia de horas en sus puestos de trabajo.
Sin duda, es ahora un momento idóneo para destacar estos primeros resultados positivos derivados de la implantación de la jornada laboral reducida con el objetivo de seguir avanzando en este camino cimentado en el diálogo y el acuerdo, instrumentos básicos resaltados por el presidente de la Junta en su discurso de investidura para hacer entre todos la Andalucía del futuro que queremos. Participación y diálogo, pues, con la sociedad andaluza para construir así también la Administración del siglo que viene.
No están escritas estas reflexiones para la autosatisfacción, sino, por el contrario, para renovar nuestro compromiso de crear más y mejor empleo y conseguir la estabilidad necesaria para el conjunto de los empleados públicos de la Administración andaluza, siempre con el horizonte de servir con eficacia a la sociedad andaluza a la que nos debemos. Conocemos el reto que tenemos por delante y en esa tarea diaria estamos comprometidos.
Carmen Hermosín Bono es consejera de Justicia y Administración Pública.
