Luis Espinosa se sienta en el banquillo como imputado en un delito de quiebra fraudulenta

El ex-secretario de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y ex-secretario general de la Agencia de Cooperación Internacional, Luis Espinosa, se sentó ayer en el banquillo como imputado por un delito de quiebra fraudulenta. La acusación particular pide siete años de prisión para el ex-alto cargo al que considera uno de los responsables de la quiebra fraudulenta de la empresa Robima, SA de la que fue representante legal. Según la acusación, los gestores de Robima cobraron una deuda ficticia de 42 milones de pesetas, deuda que Espinosa reconoció ante un notario.

La defensa de Espinosa consiguió ayer demorar el juicio que se sigue contra el consejo de administración de Robima, SA y el propio Espinosa como apoderado de dicha empresa hasta el proximo mes de diciembre. La defensa justificó su petición de suspensión alegando la indefensión de Luis Espinosa, que asegura no conocer los hechos por los que se le acusa, pese a que han sido objeto de diversas informaciones periodísticas, y por otra parte al considerar que no se podía juzgar dos veces por un mismo asunto a los consejeros de Robima, SA ya que éstos ya fueron condenados en su día por un juzgado de lo civil. La acusación particular pide para el ex alto cargo del PP una pena de siete años de prisión por el delito de quiebra fraudulenta, la misma que pide la fiscal para los seis miembros del consejo de administración. Luis Espinosa realizó en nombre de Robima, SA el 23 de noviembre de 1989 un escritura de reconocimiento de deuda ante notario por 42.278.512 pesetas a favor de Julio G. y Enrique G., dos personas que un día antes habían dimitido como miembros del consejo de administración de Robima. El escrito del fiscal afirma que dicha deuda, "ni se corresponde con la realidad ni aparece reflejada en los balances, ni era exigible, líquida y vencida, y cuya finalidad fue la adjudicación mencionada, en perjuicio del resto de los acreedores legítimos de la empresa, puesto que el 23 de noviembre de 1989, Robima cesó en el pago corriente de sus obligaciones". Posteriormente Robima cerró sus puertas dejando en la calle y sin un duro a unos 30 trabajadores y deudas por casi 20 millones de pesetas con dos firmas empresariales. Según la fiscal, con "la maniobra descrita, los acusados colocaron voluntariamente a la empresa en una situación de insolvencia, con la finalidad de dejar vacío su patrimonio y defraudando a sus acreedores"

Respecto a la indefensión por desconocimiento de los hechos alegada por Espinosa, la acusación particular recordó que éste compareció anteriormente por este caso ante un juez de Madrid acompañado por la letrada de Robima, que a su vez era hija de un miembro del consejo de administración y por tanto persona enterada de lo sucedido.

Asimismo, Luis Espinosa está imputado en el caso que se sigue por una presunta malversación de fondos de formación ocupacional, concedidos por la Administracilón entre 1993 y 1995, a la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), de la fue secretario general.