El presidente del Poder Judicial propone penas complementarias para etarras no arrepentidos

El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Javier Delgado, se mostró ayer a favor de aplicar medidas de seguridad posteriores al cumplimiento de la condena, como libertad vigilada o privación de esa libertad, para etarras sobre los que esté acreditado que no están arrepentidos ni reinsertados. Para ello, Delgado cree que es necesario que se produzcan una serie de reformas legislativas, pero no constitucionales, ya que la Carta Magna "prevé expresamente" la aplicación de esas medidas de seguridad, siempre con el fin, al igual que la pena, de la reinserción social.

El presidente del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo no es partidario de la aplicación de la cadena perpetua, ya que considera suficientes los 30 años que como límite máximo marca la ley. En declaraciones a Antena 3, Delgado señaló: "Con la legislación vigente pueden imponerse penas que son suficientes, pero no soy partidario de la cadena perpetua, porque no creo que se admita en nuestra Constitución, ya que cierra el horizonte final de la pena: la reeducación y reinserción social", explicó. En este aspecto, reiteró que el Código Penal vigente "garantiza" el cumplimiento de esos 30 años, sin beneficios penitenciarios ni concesión de tercer grado para terrorista no arrepentidos. El problema se plantea cuando, pasados los 30 años de pena, el terrorista no se muestra arrepentido, sino que sigue siendo "peligroso" y hay "sobradas razones" para pensar que volverá a cometer un delito.

En ese sentido, se mostró partidario de la aplicación de "medidas de seguridad" que pasarían por la libertad vigilada o, incluso, "si fuera necesario", la privación de libertad.

Terroristas desarmados

Delgado explicó que "la grandeza del Estado Derecho reside en la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos a través del principio de legalidad al que apelan incluso los propios terroristas". Al respecto, concluyó señalando que "el hecho de que un terrorista capaz de segar la vida de una persona, en el momento de ser detenido, dice estar desarmado y se ampara en el Estado de Derecho, pone de relieve la superioridad moral del Estado de Derecho" y que es invencible.El presidente del Poder Judicial aseguró que todos los jueces españoles están "en una disposición de aplicar la ley, de cumplir su función con firmeza, serenidad y absoluta imparcialidad".

"El terrorismo no va a conseguir aterrorizar a los jueces", reiteró Delgado Barrio, quien se mostró convencido de que no hay ningún síntoma de miedo en los magistrados del país Vasco. "Yo no he apreciado en ningún momento miedo en los jueces de Euskadi. Las decisiones de los jueces están razonadas, justificadas en derecho, no quiero decir que siempre sean acertadas, pero está claro que no existen decisiones inspiradas por el miedo", aseguró.

Preguntado por las declaraciones de Delgado Barrio sobre las medidas de seguridad excepcionales, el ministro de Justicia, Ángel Acebes, indicó que la única propuesta del Gobierno es el proyecto de ley de reforma del Código Penal y de la Ley Penal del Menor que comenzará a debatirse el jueves en la Cámara Baja. "La opinión del Gobierno es la que se ha manifestado en el proyecto de ley que está en tramitación en el Congreso de los Diputados", agregó.

Acebes mostró su convencimiento de este paquete de medidas para combatir el terrorismo contará con un alto grado de consenso tanto en sus objetivos como en los tipos penales que se recogen. "Estos días estamos hablando con el PSOE para llegar a acuerdos", concluyó.

Por su parte, el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Benigno Varela, manifestó ayer que la reforma de las penas "debe abordarse en este momento porque la sociedad está demandado algo de las administraciones públicas". No obstante, señaló que "tal vez las penas, tal como están establecidas en el Código de 1995, sean suficientes para poner freno a la actividad terrorista".

Varela indicó que no cree que la cadena perpetua sea una "solución" para frenar la actividad terrorista en España, entre otras razones, dijo, "porque quizá su establecimiento sí que rozase la Constitución", que fija como uno de los fines de la pena la reinserción del delincuente.

Conducta de un juez

Por otra parte, el presidente del Consejo del Poder Judicial se refirió al incidente que hace días protagonizaron el juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco y el etarra Harriet Iragui, cuando el primero, al verse amenazado de muerte por el segundo, le espetó que le daría "dos hostias" si no fuera magistrado. Delgado Barrio cree que esa reacción del magistrado no fue "apropiada" para un juez, aunque a la hora de dictaminar si es sancionado o no habrá que ver "las circunstancias específicas de ese día".

"A unos metros estábamos velando a un compañero", explicó el presidente del Supremo, quien, sin embargo, cree que un juez "siempre tiene que reaccionar con plena serenidad porque eso es el fruto del oficio".

En este punto, y preguntado sobre la posibilidad de establecer unas condiciones de idoneidad especial para ir destinado a la Audiencia Nacional, dada la complejidad de los asuntos allí tratados, Delgado explicó que ya en el Libro Blanco de la Justicia, escrito por el Consejo General del Poder Judicial, se advertía de la necesidad de mirar algún requisito más allá de la antigüedad, entre los que citó " la especialización" y "valorar profunda y detalladamente el historial" de los aspirantes a un puesto de magistrado en este órgano judicial.