Bruselas exige más datos a la Generalitat para desbloquear las ayudas a la formación

Más tarde, el consejero eludió afirmar de nuevo que faltase información. "El problema es que no ha dado tiempo a que los técnicos analicen todos los datos", dijo.La comisaria Diamantopoulou, por su parte, hizo referencia en varias ocasiones a "la información" que requirió al Gobierno de la Generalitat.

Llueve sobre mojado. El pasado lunes 30 de octubre, después de los insistentes requerimientos de Bruselas, España hizo llegar a los técnicos comunitarios el dossier sobre las ayudas al empleo destinadas a Cataluña. Los técnicos advirtieron que, de haber tenido la información completa con anterioridad, Bruselas no se habría visto en la obligación de bloquear 2.329 millones de pesetas. Además, Bruselas mantiene la suspensión cautelar de casi 8.000 millones más correspondientes a las ayudas para Cataluña de los años 1998 y 1999. En la reunión celebrada ayer en Bruselas, la comisaria Diamantopoulou y el consejero Franco coincidieron en la necesidad de aclarar los dos casos que están en manos de los tribunales. Pero en la capital comunitaria, dos años después de que comenzara la investigación judicial en España, no está claro siquiera cuál es la cantidad correspondiente a los presuntos fraudes.

La Generalitat considera que está claro que el dinero correspondiente a las ayudas bajo investigación judicial es de 445 millones de pesetas. La Comisión no ha admitido este montante. Además, al revisar el sexenio completo, la cantidad sospechosa que se bloquearía podría ser mayor, pues ambas empresas recibieron en todo ese tiempo no menos de 1.200 millones. "No hemos venido aquí a regatear", dijo el portavoz de Franco.

Las críticas de la oposición no se hicieron esperar. El diputado del PSC-Ciutadans pel Canvi Josep Maria Rañé concluyó que la reunión de Bruselas no ha servido "para avanzar en nada". Ya desde antes de que llegaran noticias sobre Bruselas, el líder de la oposición socialista, Pasqual Maragall, reclamó al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que "dé la cara" y conteste "en primera persona" sobre las supuestas irregularidades cometidas con los fondos, y pidió que sea el presidente y no el consejero quien comparezca en el Parlament para abordar la cuestión.

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, aseguró que el Gobierno está dispuesto a ayudar a desbloquear los fondos retenidos y confió en una próxima solución del problema.

Paralelamente, fuentes judiciales informaron ayer de que el titular del Juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona ha archivado la denuncia presentada por el Grupo Méndez contra el ex consejero de Trabajo Ignasi Farreres por un presunto delito de prevaricación cometido en la concesión de subvenciones para la formación ocupacional desde su departamento.

La querella de la Asociación Catalana de Centros de Formación Profesional (ACCFP), que agrupa las empresas de la familia Méndez, había sido presentada en septiembre de 1998 ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dada la condición de aforado del consejero. Tras las últimas elecciones autonómicas, había sido remitida a un juzgado ordinario, pues Farreres no repitió en el Gobierno catalán. El Grupo Méndez denunciaba la inexistencia de criterios objetivos en el momento de otorgar subvenciones y sostenía que los centros de la familia eran "discriminados" en el reparto.