Iniciativas
La primera vez que escuché el argumento de que el Parlamento andaluz no elegiría al director general de la RTVA mientras el PP no dejara hacer lo propio con el de RTVE no le di mucha importancia, aunque el argumento contradecía el programa federal del PSOE. Aquello ocurría en campaña electoral, un tiempo que más que al debate y a la reflexión invita al comportamiento carnavalesco y que sirve de eximente a cualquier chanza o excentricidad. La segunda vez también tenía algo de excepcional: el Gobierno andaluz trataba de hacer digerir el indigerible nombramiento de su portavoz como director general de la RTVA. Pero a la tercera comienzo ya a pensar que la cosa no va en broma, sino que es pura doctrina.La Junta nos anuncia un Consejo Audiovisual andaluz "independiente", pero sin poderes y con un presidente nombrado por el Gobierno: una caricatura que se apropia del nombre y desinfla los contenidos del prestigioso modelo inventado por los socialistas franceses a comienzos de los ochenta para profundizar en la democratización de la sociedad.
Poco tengo que añadir a las críticas unánimes de los expertos -aunque estoy seguro de que no faltará un "experto independiente" dispuesto a romper la unanimidad y a presidir el Consejo a cambio de un buen sueldo, despacho y chófer- pero hay algunos aspectos anexos al asunto que merece la pena comentar.
Por un lado no deja de ser preocupante que algo que sirve para profundizar en la democratización de la sociedad sea encarado con un razonamiento que más bien parece corresponderse con la lógica militar y los procesos de desarme -yo no democratizo mi televisión hasta que no democratices tú la tuya-, como si, más que un valor en sí, la democracia fuera un arma, un objeto que, según lo utilice uno u otro, puede dar poder o debilitar al adversario. Inquieta esta lógica que manifestaría escasa convicción democrática.
Tampoco se entienden las prisas con la que se crea el Consejo Audiovisual andaluz: por decreto y de manera provisional, como si se pretendiera sólo cumplir con el enunciado -y no con el contenido- del programa electoral. Pero, sobre todo, no se entiende por qué una ley andaluza ha de esperar a una ley estatal. La única explicación que se me ocurre es histórica. La mayor parte de la historia de la comunidad andaluza ha coincidido con gobiernos socialistas en la Moncloa. Aquí nos ahorrábamos la tarea de hacer algunas leyes porque dábamos por buenas las que hacían en Madrid. Madrid -todo sea dicho- no sólo nos daba leyes, sino hasta quitaba y ponía a los líderes socialistas andaluces. Quizá quede ese reflejo y por eso la Junta esté esperando una normativa estatal sobre el audiovisual, en vez de avanzar la suya, como han hecho otras comunidades.
Curiosamente, en cambio, el PSOE federal sí tiene un modelo muy claro al respecto, recogido en el último programa electoral. Es un modelo avanzado que va mucho más allá de los tímidos intentos hechos en Cataluña, Galicia y Madrid. Siendo así, no se explica por qué el Gobierno andaluz, en vez de encastillarse en posiciones conservadoras, no muestra por la vía de los hechos el valor de las fórmulas de la izquierda europea.
